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EEUU blindó licencias venezolanas para evitar nexos con Irán, Cuba, Rusia y Corea del Norte

La sede del Departamento del Tesoro de EEUU, en Washington (REUTERS/Andrew Kelly)

 

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de EEUU emitió una nueva guía aclaratoria (Pregunta Frecuente 1247), detallando las estrictas condiciones bajo las cuales las personas y empresas no estadounidenses pueden participar en transacciones petroleras, petroquímicas y mineras con Venezuela sin enfrentar riesgos de sanciones.

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El documento oficial especifica que las entidades extranjeras operando bajo las Licencias Generales 46B, 51A y 52 están exentas de penalizaciones siempre que cumplan con requisitos clave. Entre las normativas destaca que cualquier pago a personas bloqueadas debe depositarse en los «Fondos de Depósito de Gobiernos Extranjeros» (según la Orden Ejecutiva 14373 de 2026), prohibiendo además el uso de criptomonedas como el petro y los intercambios de deuda. Además, se prohíbe terminantemente la participación de actores vinculados a Rusia, Irán, Corea del Norte, Cuba o entidades controladas por China en estas operaciones comerciales.

Así mismo, la Ofac advirtió contundentemente sobre las consecuencias de evadir estos lineamientos, los cuales están diseñados para asegurar que las transacciones ocurran por canales legítimos. «Las personas no estadounidenses que continúen realizando transacciones con Pdvsa o importando petróleo, productos petroquímicos y minerales de origen venezolano, incluido el oro, sin cumplir con las condiciones anteriores corren el riesgo de ser designadas ellas mismas», reza el texto, alertando sobre severos castigos por complicidad en corrupción o por brindar apoyo material a entidades bloqueadas.

Para concluir, el Departamento del Tesoro recordó que las licencias mantienen restricciones adicionales inquebrantables, haciendo especial énfasis en la Licencia General 52. Esta prohíbe explícitamente cualquier transacción relacionada con la emisión de bonos o deudas de Pdvsa, así como la ejecución de acuerdos de conciliación, embargos o procesos judiciales que pretendan transferir o alterar los intereses de propiedad de las personas sancionadas.

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