Siete de los ocho procesados en Ecuador por presuntamente vender armas de la Policía a bandas criminales, entre los que se encuentran cinco agentes, ingresaron este viernes 4 de julio en prisión provisional por orden de la jueza tras atender las peticiones de la Fiscalía, según explicó el Ministerio Público en un comunicado.
Los cinco agentes procesados estaban en servicio activo durante la presunta actividad delictiva, catalogada por la Fiscalía como delincuencia organizada.
Las pesquisas policiales, según informó la Fiscalía, comenzaron el 13 de enero de 2025. Ahí descubrieron que el cabo Francisco P., encargado del Departamento de Almacenamiento de la Dirección Nacional de Logística de la Policía Nacional había «sustraído municiones para fusiles calibre 5.56 milímetros y proyectiles 9 milímetros para pistolas».
Los agentes policiales actuaban como nexo para trasladar la munición hasta las bandas criminales a través de un taxista, también procesado, y enviaban el material a través de empresas de transporte interprovincial de Guayas, provincia que tiene como capital a Guayaquil, uno de los epicentros de la crisis de violencia criminal que vive Ecuador.
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De esta forma, la mañana del 3 de julio detuvieron a los implicados, en el marco del operativo denominado ‘Depuración Azul’ liderado por la Fiscalía en coordinación con la Policía Nacional.
«Se ejecutaron allanamientos simultáneos en (las provincias de) Pichincha, Guayas, Imbabura y Cotopaxi”, donde encontraron armas de fuego, municiones, ordenadores y documentación relevante para la investigación.
El operativo, según informó la Policía Nacional, dejó un total de 10 detenidos.
«Este proceso investigativo permitió demostrar la configuración de roles, financiamiento y funciones dentro de la red, que involucraba a servidores policiales de la Dirección Nacional de Logística encargados de los ‘rastrillos’, y a personas civiles vinculadas, posiblemente, con bandas delictivas organizadas de Guayaquil, como los grupos conocidos como ‘Freddy Krueger’ y ‘Mafia 18′», afirmó Jeff García, director nacional de Asuntos Internos de la Policía, en una rueda de prensa celebrada este jueves.
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La autoridad judicial acogió el pedido de la Fiscalía y dictó prisión preventiva para siete de los ocho procesados.
Para la otra detenida restante se aplicaron medidas alternativas, como la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas ante la autoridad judicial, debido a que su pareja también está implicada en el caso y la jueza consideró la necesidad de cuidar de sus hijos menores de edad.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, declaró a inicios de 2024 el «conflicto armado interno» contra las organizaciones criminales, a las que catalogó como «terroristas», en mitad de una escalada de violencia sin precedentes en el país.
EFE
