
Una jueza colombiana dictó prisión preventiva contra el exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública, César Manrique Soacha, y otras siete personas por su presunta implicación en el escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el mayor del Gobierno de Gustavo Petro.
«Luego de valorar los elementos probatorios y argumentos presentados por la Fiscalía (…) una juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario al exdirector» de Función Pública, informó en un comunicado la Fiscalía General de la Nación.
Según el ente acusador, Manrique Soacha sería uno de los principales responsables del presunto direccionamiento de contratos por más de 100.000 millones de pesos colombianos (unos 24 millones dólares), destinados a proyectos de acceso a agua potable en comunidades vulnerables, especialmente en el departamento caribeño de La Guajira.
Entre finales de 2023 y comienzos de 2024, Manrique Soacha presuntamente recibió tres mil millones de pesos colombianos (unos 725.000 dólares) en sobornos por un contrato para el suministro de 40 carrotanques.
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En dicho contrato, la Fiscalía detectó sobrecostos por al menos 13 mil 164 millones de pesos (unos tres millones de dólares), parte de los cuales se habrían destinado al pago de coimas.
Según el comunicado, otras siete personas salpicadas en este entramado de contrataciones irregulares también irán a la cárcel de forma preventiva.
Se trata del abogado Edgar Eduardo Riveros Rey, su hija Ana María Riveros Barbosa y su cuñada Sonia Rocío Romero Hernández, quien era contratista de la Ungrd.
Asimismo, el representante legal y el jefe de ventas de la Corporación Mixta Yupurutu, Edgar Echeverri Toro y Francisco Javier Estupiñán Bravo, respectivamente; el asesor de la Dirección de la Función Pública, Jorge Aristizábal Rodríguez, y el contratista de la Ungrd, Óscar Enrique Cárdenas Angulo.
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Todos ellos están imputados por los delitos de concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación propio y en favor de terceros, lavado de activos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público.
En relación con este caso de corrupción en la Ungrd, un tribunal también ordenó este mes la captura de Carlos Ramón González, quien hasta el año pasado fue uno de los miembros del Gobierno más cercanos al presidente Petro.
González fue director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), y está acusado por la Fiscalía de ordenar el pago de coimas a congresistas con dinero de la UNGRD a cambio de apoyo al Gobierno en el legislativo.
Según reveló en mayo de 2024 el exsubdirector para el Manejo de Desastres de la Ungr Sneyder Pinilla, dinero de esa entidad se usó en 2023 para pagar millonarias coimas a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara de Representantes, Andrés Calle, quienes están detenidos por este caso.
EFE