Este lunes, 6 de abril, el gobernador de Florida Ron DeSantis convirtió en ley el proyecto HB 1471, una nueva norma que le otorga amplios poderes al Ejecutivo estatal para designar organizaciones terroristas. La medida entrará en vigor el 1º de julio de 2026.
Por Clarín
La ley, apodada como una norma «Anti Sharia», había suscitado polémica desde su presentación ante la Cámara de Representantes hace unas semanas, pues tiene la potestad de ordenar la expulsión inmediata de estudiantes universitarios que promuevan ideas o acciones de las organizaciones que se encuentren en la lista.
En un acto público celebrado este lunes, DeSantis respaldó la legislación y señaló su alcance práctico. Sostuvo que la ley «da el marco regulatorio» para designar como terroristas a distintos actores. El Tren de Aragua, Antifa y el Consejo de Relaciones Americano-Islámicas (CAIR) serían algunas de las candidatas a recibir la designación de «terroristas» bajo la nueva norma, según replicó el gobernador a los periodistas locales.
Sin embargo, hay un riesgo en equiparar a bandas criminales como el Tren de Aragua o el MS-13 con movimientos políticos de extrema izquierda como Antifa o el Consejo de Relaciones Estadounidenses Islámicas (CAIR, por sus siglas en inglés).
Por qué la nueva Ley HB 1471 de Florida genera polémica
En materia de seguridad, la HB 1471 otorga al Jefe de Seguridad Nacional de Florida la facultad de designar organizaciones como «terroristas domésticas» o «extranjeras». Para obtener esa categoría, una organización doméstica debe operar en el estado o el país, participar en presuntas actividades terroristas y representar una amenaza continua para la seguridad de Florida.
Jonathan Webber, director de políticas del Southern Poverty Law Center, advirtió hace días al Miami Herald que la ley «viola principios constitucionales fundamentales porque permite que una organización sea catalogada como terrorista nacional sin que el grupo, sus líderes o sus miembros tengan una condena penal previa».
Esa ausencia de requisito judicial significa que una organización podría perder contratos, financiamiento y su estatus corporativo antes de que ningún tribunal la haya declarado culpable de delito alguno.
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