Adam Peña nació en California, donde vivió toda su vida. Hijo de ciudadanos estadounidenses, ejerce la abogacía en el condado Imperial, una región cercana a la frontera con México. Su carrera estuvo dedicada a la defensa de comunidades vulnerables, especialmente inmigrantes y trabajadores latiFnos.
Por La Nación
A lo largo de los años, integró organizaciones de ayuda legal, donde representa a personas en procesos migratorios y mantiene una participación activa en asociaciones profesionales. Superó controles de identidad rigurosos y jamás enfrentó dudas sobre su ciudadanía. Sin embargo, todo cambió tras recibir una notificación oficial del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
La orden del DHS para abandonar EE.UU. a un abogado estadounidense
En abril, Peña recibió un correo enviado desde una cuenta del Student and Exchange Visitor Program (SEVP), una dependencia del DHS destinada a estudiantes internacionales. El mensaje le ordenaba abandonar el país voluntariamente, en un proceso informalmente conocido como “autodeportación”.
El abogado no mantiene vínculos con ese programa ni solicitó nunca una visa de estudiante. La comunicación no ofrecía explicaciones ni fundamentos claros; solo le indicaba que debía dejar el país. “No tengo a dónde ir. Este es mi país”, declaró Peña, visiblemente consternado, en diálogo con NBC San Diego.
La Constitución de Estados Unidos protege el derecho de todo ciudadano a permanecer en el país. Ninguna agencia puede ordenar su expulsión. Sin embargo, fallas en las bases de datos federales y errores administrativos provocó que personas con ciudadanía plena reciban notificaciones como la que afectó a Peña.
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