La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés) demandó este martes 8 de abril a la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, en nombre de dos inmigrantes venezolanos que enfrentan una posible deportación bajo la Ley de Enemigos Extranjeros (AEA, en inglés), de 1798, que hasta ahora solo se había usado en tiempos de guerra.
En su litigio, interpuesto en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ACLU argumenta que esta ley solo se aplica a acciones bélicas y no puede emplearse contra ciudadanos de un país (en este caso, Venezuela) con el que Estados Unidos no está en guerra.
Detalles de la demanda
El caso ha sido asignado al juez Alvin K. Hellerstein -que rechazó en dos ocasiones los intentos de Trump de trasladar su caso penal en Nueva York por los pagos irregulares a una exactriz porno a un tribunal federal- y mañana miércoles a las 10:00 hora local se celebrará una audiencia al respecto.
Trump ha asegurado que la banda transnacional Tren de Aragua, a la que acusa de haberse infiltrado en el gobierno de Nicolás Maduro, está invadiendo el país.
Por ello, invocó el 15 de marzo la AEA, que no se usa desde la Segunda Guerra Mundial y que permite expulsar a extranjeros sin una vista judicial previa.
El juez federal James Boasberg bloqueó temporalmente el uso de esta normativa, pero, pese a la orden judicial, ese día tres aviones fletados por el gobierno estadounidense despegaron de Texas y entregaron a unos 200 venezolanos que fueron encarcelados en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), la prisión salvadoreña de máxima seguridad.

Demandantes
ACLU representa en su litigio a un ciudadano venezolano de 21 años que está detenido en un centro penitenciario de Nueva York y al que el Departamento de Seguridad Nacional ha acusado de estar vinculado con el Tren de Aragua.
Sin embargo, según la entidad, él y su familia huyeron de Venezuela debido, en parte, a amenazas que recibían del Tren de Aragua por la orientación sexual del joven, que además “teme ser perseguido por los agentes del Estado venezolano, incluida la policía y los grupos paramilitares, por su orientación sexual y su inconformidad de género”.
El otro demandante tiene 32 años y está detenido en el mismo centro penitenciario; de acuerdo con ACLU, el venezolano protestó activamente contra Nicolás Maduro, quien recientemente juró para un tercer mandato tras su cuestionada reelección, y que huyó del país “porque temía ser torturado, encarcelado y asesinado a causa de su activismo político”.
Supremo de EE UU permitirá deportar venezolanos bajo la Ley de Enemigos Extranjeros
La denuncia tiene lugar un día después de que el Tribunal Supremo, en una votación 5-4, levantara la orden de un juez federal que bloqueaba las deportaciones sumarias de inmigrantes venezolanos por parte del gobierno bajo el amparo de esta ley.
La administración de Donald Trump había presentado un recurso de emergencia al máximo tribunal estadounidense después de que una corte del circuito federal de apelaciones mantuviera en vigor el bloqueo temporal que el pasado 15 de marzo el juez James Boasberg impuso al uso de esta normativa.

No obstante, el Supremo anotó que los migrantes detenidos y sujetos a órdenes de expulsión tienen derecho a ser notificados y a la oportunidad de impugnar su deportación con “un tiempo razonable”.
Además, señaló que los migrantes detenidos están confinados en Texas, por lo que la batalla legal contra su deportación se debe resolver ahí y no en un tribunal del Distrito de Columbia.
El gobierno de EE UU argumentaba en su recurso que esta es una cuestión de seguridad nacional demasiado urgente como para ser resuelta en tribunales de menor instancia.
El escrito del gobierno también señalaba que la Constitución deja claro que la competencia sobre seguridad nacional recae de manera indudable sobre el presidente y pide levantar el bloqueo judicial.
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