Las defensoras de derechos humanos en Venezuela han transformado sus formas de resistencia para enfrentar un entorno cada vez más restrictivo. Así lo revela el informe Voces que resisten, presentado por la organización Equalia, que analiza las estrategias de supervivencia adoptadas por activistas ante el cierre del espacio cívico en el país.
El documento, basado en una investigación cualitativa en el área metropolitana de Caracas y el estado Miranda, describe cómo estas mujeres han pasado a una “clandestinidad estratégica” como mecanismo de protección frente a la persecución y la criminalización.
De acuerdo con el informe presentado el 16 de marzo, las defensoras han tenido que redefinir su labor mediante el fortalecimiento de la seguridad digital, el uso del silencio como forma de resguardo y la creación de redes de apoyo emocional. Estas redes, denominadas “familias elegidas”, funcionan como espacios de contención ante el desgaste psicológico y operativo que implica su trabajo en condiciones adversas.
“El cierre del espacio cívico en Venezuela no es solo un fenómeno político, es una crisis que se instala en el cuerpo de las defensoras”, señala el informe, al destacar el impacto físico y emocional de esta situación.
El peso de otras cargas
La investigación también subraya que muchas de estas mujeres asumen un rol de “ancla” dentro de sus familias, lo que incrementa su vulnerabilidad. En medio de una economía deteriorada, las cargas de cuidado recaen sobre ellas, un factor que, según el documento, suele ser ignorado por los sistemas internacionales de protección.
Pese a las limitaciones, el trabajo de documentación de violaciones de derechos humanos continúa. El informe destaca que esta labor no solo tiene un propósito inmediato, sino también histórico: preservar la memoria en contextos donde la verdad enfrenta riesgos constantes.
“Mientras estas defensoras persistan en proteger y documentar la verdad, la esperanza de una vida más digna no será una idea abstracta, sino una realidad custodiada por las manos de quienes […] se niegan a entregar el futuro al olvido”, afirma Equalia.
El informe concluye con un llamado a la comunidad internacional para reconocer que la resiliencia de las defensoras venezolanas tiene límites y requiere apoyo urgente y diferenciado.
Un contexto de cierre progresivo del espacio cívico
El informe de Equalia se inserta en un contexto más amplio de restricciones a la sociedad civil en Venezuela. Organizaciones como Human Rights Watch han advertido que en el país se han intensificado las políticas de control, vigilancia y persecución contra activistas, periodistas y organizaciones no gubernamentales en los últimos años.
En su informe más reciente sobre Venezuela, Human Rights Watch señala que “las autoridades han adoptado medidas para hostigar y criminalizar a organizaciones de la sociedad civil”, incluyendo propuestas legislativas orientadas a aumentar el control estatal sobre su funcionamiento.
Por su parte, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, ha documentado patrones de persecución contra personas consideradas críticas al gobierno. En uno de sus reportes, el organismo concluyó que estas acciones forman parte de una política destinada a silenciar voces disidentes y limitar el espacio democrático.
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