La crisis sanitaria en el municipio José Cornelio Muñoz ha llegado a un punto crítico donde la improvisación es la única regla para sobrevivir.
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Al respecto, Richard Gutiérrez, representante del partido Proyecto Venezuela, confirmó este viernes 10 de abril que las parroquias de Bruzual, Quintero y San Vicente cumplen ya más de cinco años sin contar con una sola ambulancia operativa.
Esta carencia en los centros de salud ha forzado a los más de 10 mil habitantes de la zona a depender de camionetas de carga, vehículos particulares y motocicletas para intentar llegar a un centro asistencial en medio de una emergencia.
El relato de Gutiérrez describe una realidad desgarradora donde el traslado en ambulancia es un privilegio.
«Hay personas, pobladores, familias que por no tener quizás 20 o 30 dólares para pagar un carro particular y trasladarse, a veces mueren en la casa porque no hay una ambulancia», lamentó el vocero político, exponiendo cómo la falta de una unidad que los traslade es una sentencia de muerte para los ciudadanos con menos recursos.
En este escenario, es común ver a pacientes siendo movilizados en condiciones precarias, ya que la gente «resuelve» como puede ante la mirada de una comunidad sumida en la zozobra.
A esta denuncia se sumó Neuza Salido, dirigente de Primero Justicia en el municipio Muñoz, quien desde Mantecal hizo un llamado urgente a las autoridades para que comprendan la magnitud de la tragedia.
Salido enfatizó que el problema va más allá de los vehículos, señalando la necesidad de contar con infraestructuras adecuadas.
«Necesitamos hospitales dignos que puedan atender las emergencias», sentenció.
La dirigente cuestionó el uso de los fondos públicos, sugiriendo que «utilicen los recursos de las fiestas en lo que realmente es necesario para nuestro país y nuestro municipio».
Mientras tanto, Gutiérrez informó que se prepara una solicitud formal ante el Ministerio de Salud para lograr la dotación de una unidad equipada con oxígeno y equipos médicos.
Ambos líderes coinciden en que la unión de la comunidad es vital para exigir que el derecho a la vida deje de depender de una camioneta de carga o de la capacidad de pago de una familia.
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