Cubanos, venezolanos y haitianos son los más afectados por el pago de tarifas en trámites migratorios que nunca se resuelven, según una investigación del conservador Instituto Cato, que denuncia un posible «fraude» oficial de hasta mil millones de dólares a migrantes y patrocinadores por procesos que han quedado estancados bajo las nuevas restricciones del Gobierno de Trump.
«El Gobierno está cobrando tarifas a inmigrantes y patrocinadores estadounidenses por servicios que no tiene previsto prestar. Se quedó con su dinero y ahora ni siquiera tramita sus solicitudes; en muchos casos, se niega incluso a denegarlas», denunció David J. Bier, director de estudios migratorios del instituto.
La investigación, realizada por Bier, señala que existen más de 1,2 millones de solicitudes de beneficios migratorios congeladas provenientes de esos tres países, de un total de dos millones de trámites.
Esta cifra se desglosa en 935.000 solicitudes de cubanos, 239.000 de venezolanos y 81.000 de haitianos.
Entre los beneficios congelados, detalla la investigación, figuran autorizaciones de trabajo, las tarjetas de residencia por motivos familiares y laborales, las solicitudes de asilo, las peticiones de naturalización y las visas de trabajo y turismo, entre otros trámites migratorios.
El experto señala que el Departamento de Estado está ordenando a los funcionarios consulares que no notifiquen a futuros solicitantes que el Gobierno les ha prohibido la entrada.
Bier califica de «fraude masivo» lo que estaría cometiendo el Gobierno con las tarifas que cobra por trámites de servicios «nunca prestados», y lo sitúa en mil millones de dólares.
Esa cifra incluye 543 millones de dólares en solicitudes provenientes de cubanos, 138 millones de venezolanos y 56 millones de haitianos, de acuerdo con el análisis.
Bier escribió que la decisión del Gobierno federal de aceptar las solicitudes sin procesarlas constituye un «fraude» y atribuye la responsabilidad a tres políticas promulgadas por la Administración de Donald Trump.
Primero, una proclamación firmada por Trump que prohíbe la entrada legal y casi todas las visas a ciudadanos de 40 países (incluidos los territorios palestinos) que se encontraban fuera de Estados Unidos.
Una medida anterior ya había suspendido parcialmente la entrada para 19 países, pero había eximido a los familiares directos de ciudadanos estadounidenses, la categoría más numerosa de inmigración legal.
Como consecuencia de estas prohibiciones, a cualquier ciudadano de estos países se le denegará la solicitud de visa de inmigrante y la mayoría de las visas temporales. No obstante, se ha instruido a los funcionarios consulares para que no asesoren a los solicitantes.
Esta política, por sí sola, impide la entrada a Estados Unidos a uno de cada cinco inmigrantes legales, señala Bier. Entre ellos, de Cuba, Venezuela, Haití, Nigeria e Irán, y un número desproporcionado de países africanos.
Luego, memorandos firmados por Joseph Edlow, director del Servicio de Ciudadanía e Inmigración, extendieron de 19 a 40 países el congelamiento del procesamiento de solicitudes de beneficios para inmigrantes, y ordenaron una revisión de todos los aprobados para personas de estos países durante la Administración de Joe Biden (2021-2025).
En tercer lugar, el Departamento de Estado ha congelado todas las solicitudes de visado de inmigrante para 75 países, con la justificación de que estos utilizan la asistencia social en mayor proporción que los de otros países. Esta política tampoco tiene fecha de finalización.
Estas políticas implican que los ciudadanos de 92 países (incluida Palestina) tienen prohibido por completo recibir visas de inmigrante e inmigrar a Estados Unidos.
Según la investigación del Instituto Cato, la superposición de políticas aparentemente redundantes dirigidas a los mismos países está diseñada para crear tantos obstáculos burocráticos que las personas terminen desistiendo de emigrar a Estados Unidos. EFE
