En la madrugada del 13 de junio de 2025, Israel inició la «Operación León Ascendente», desplegando más de doscientos aviones de combate para atacar casi un centenar de instalaciones estratégicas en Irán. Entre los objetivos figuraban los centros de enriquecimiento nuclear en Natanz y Fordow, bases aéreas, fábricas de misiles y puestos de mando clave de la Guardia Revolucionaria. Esta ofensiva precisa y estratégica resultó en la eliminación de importantes comandantes de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y destacados científicos nucleares. La rápida represalia de Irán—a través de misiles y drones—causó víctimas civiles y militares en ambas naciones.
Para analizar con honestidad las dimensiones morales y geopolíticas en juego, es imprescindible primero entender claramente la naturaleza intrínseca del régimen iraní. Desde su instauración en 1979, la República Islámica ha representado un sistema político totalmente ajeno a los ideales democráticos, caracterizado por una teocracia autocrática. El poder supremo reside exclusivamente en una jerarquía clerical, nombrada y no elegida, que responde únicamente a la doctrina teológica, y no al consenso ciudadano ni a restricciones constitucionales. Los derechos humanos fundamentales y las libertades civiles están subordinados explícita y sistemáticamente al mandato religioso, mientras principios legales convencionales, como la jurisprudencia y la separación de poderes, carecen de relevancia real.
De consecuencias críticas es el compromiso retórico y material del régimen con la erradicación de Israel. El propio líder supremo Jamenei ha articulado abiertamente esta ambición, caracterizando reiteradamente a Israel como una «entidad ilegítima«, un «tumor maligno«, destinado a la desaparición. Estas declaraciones resuenan continuamente en la educación estatal, el discurso diplomático y la política gubernamental, influyendo directamente en operaciones militantes. Durante 2024 y 2025, Teherán instigó activamente ataques contra territorio israelí, desplegando drones, misiles balísticos y misiles crucero, directamente y a través de sus proxies regionales. Estos ataques, ejecutados bajo la engañosa fachada de la autodefensa, pretendían responder a eliminaciones selectivas de comandantes del IRGC en el extranjero, enmascarando así su naturaleza esencialmente agresiva.
No obstante, paradójicamente, las acciones decisivas de Israel para neutralizar una amenaza existencial explícita han sido catalogadas, por diversos actores internacionales—líderes políticos, medios de comunicación e instituciones globales—como agresiones injustificadas. Tal narrativa distorsionada viola profundamente el principio fundamental de autodefensa, consagrado inequívocamente en el Artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas. Este derecho, lejos de ser opcional o contingente, constituye una obligación frente a hostilidades armadas. Las naciones democráticas, sujetas a imperativos éticos y legales, deben rechazar categóricamente cualquier equivalencia impuesta entre agresor y víctima. Aquí resulta pertinente la máxima lex iniusta non obligat—ninguna ley injusta obliga—: la legitimidad no reside en quien amenaza con la aniquilación.
A menudo, el discurso que rodea las acciones militares de Israel degenera en acusaciones de culpabilidad moral. Sin embargo, esta crítica pocas veces examina la naturaleza del régimen contra el cual estas medidas se dirigen. Estamos frente a un aparato estatal dedicado explícitamente a deslegitimar a una nación soberana, financiando activamente grupos paramilitares entrenados para atacar poblaciones civiles, y persiguiendo capacidades nucleares destinadas expresamente a ejercer coerción e intimidación. La estructura de gobierno iraní reprime sistemáticamente la disidencia interna, ejerce un control absoluto sobre todos los aparatos estatales e institucionaliza como política nacional una retórica genocida. Sus objetivos explícitos, documentados públicamente, lo confirman como inherentemente totalitario y genocida.
En consecuencia, condenar a Israel por actuar contra un régimen iraní que públicamente jura eliminarlo representa no solo una inversión de la justicia, sino una abdicación de la responsabilidad moral e intelectual. Criminalizar la autodefensa en estas circunstancias equivale a legitimar amenazas existenciales como discurso político aceptable, una postura insostenible en cualquier marco ético o legal creíble.
Consideremos entonces esta pregunta esencial: ¿Es inherentemente injusto anticiparse al colapso catastrófico de la disuasión? ¿Es moralmente sospechoso actuar cuando la naturaleza inmediata de la amenaza permanece opaca, aunque su intención última sea innegablemente clara? La paz, como enseña la historia, no se sostiene mediante la capitulación; depende inherentemente de una disuasión creíble.
Reflexión y Responsabilidad:
Es imperativo reevaluar críticamente las etiquetas predominantes de «agresor« y «víctima«. Cuando un régimen totalitario se compromete abiertamente a la aniquilación de otra nación soberana, armándose nuclearmente bajo el falso pretexto de autodefensa, ¿cómo debe responder la comunidad internacional sin erosionar los principios fundamentales que rigen el uso legítimo de la fuerza?
Consideración Final: El derecho a la autodefensa bajo el derecho internacional no es discrecional ni negociable—constituye una obligación ética y legal. Reconozcamos claramente qué lado encarna la democracia y la libertad, y cuál aboga por la aniquilación y la tiranía. El silencio o la ambigüedad ante amenazas existenciales es, en esencia, complicidad.
Robert Carmona-Borjas
@CarmonaBorjas
