Cristina Fernández de Kirchner pidió ayer cumplir su condena de seis años de prisión en la causa Vialidad en prisión domiciliaria y sin usar una tobillera electrónica que controle sus movimientos. La defensa de la exmandataria argentina alegó tres motivos principales: su rol como expresidenta que requiere una especial seguridad, su intento de homicidio en 2022 y su edad, 72 años.
Por Martín Angulo | Infobae
Así lo solicitaron Alberto Beraldi y Ary Llernovoy, los abogados de la exmandataria, en un escrito de 13 páginas que presentaron en el Tribunal Oral Federal 2 luego que la Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó su condena y así quedó en condiciones de que empiece a cumplirla. Cristina Kirchner pidió que el arresto domiciliaria sea en el edificio de la calle San José 1111, donde vive actualmente y donde ayer saludó desde el balcón a los militantes que la acompañaron después de la resolución del máximo tribunal.
Los abogados plantearon “razones de seguridad personal” de Cristina Kirchner por haber sido presidenta. Señalaron que en ese rol tuvo “información de carácter secreto o bien confidencial”, por lo que debe tener una custodia especial de la Policía Federal.
En esa misma línea, el pedido de prisión domiciliaria recordó el intento de homicidio de la ex presidenta el 1 de septiembre de 2022 cuando Fernando Sabag Montiel le apuntó a centímetros de la cara con un arma. Los abogados recordaron que uno de los investigados en esa causa “tiene relación directa con quien actualmente se desempeña como titular del Ministerio de Seguridad de la Nación, en cuya órbita actúa, precisamente, el Servicio Penitenciario Federal”. La defensa, sin nombrarlo, hizo referencia al diputado nacional Gerardo Milman y a su relación con Patricia Bullrich.
“Resulta incontrovertible que, en el caso de Cristina Fernández de Kirchner, el cumplimiento de una pena privativa de libertad sólo puede ser llevado a cabo bajo la modalidad de detención domiciliaria. Ello así, pues su alojamiento en una institución carcelaria de manera alguna es compatible con los recaudos de seguridad que deben serle garantizados a una persona que se encuentra en la situación de nuestra asistida”, sostuvieron los abogados en su presentación a la que accedió Infobae.
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