La Corte Suprema de Brasil ordenó este jueves 5 de febrero al Gobierno de Río de Janeiro enviar «todas las imágenes captadas» durante la operación policial contra el narcotráfico que dejó al menos 122 muertos en un conjunto de favelas, en octubre pasado.
El magistrado Alexandre de Moraes, relator del proceso, dio un plazo de 15 días a las autoridades fluminenses para mandar el material a la Policía Federal, según informó el alto tribunal en una nota.
El juez considera que las informaciones presentadas hasta la fecha sobre la operación del pasado 28 de octubre en los complejos de favelas de Alemão y Penha, en Río, son «en ocasiones contradictorias», por lo que se requieren «aclaraciones adicionales».
La decisión se enmarca en una causa más amplia que busca reducir la letalidad policial durante el desarrollo de operaciones en las favelas de la ciudad.
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Considerado el operativo más sangriento de la historia de Brasil, las autoridades de Río desplegaron en Alemão y Penha un gran número de efectivos con la misión de poner freno a la expansión territorial del Comando Vermelho (CV), una de las bandas más poderosas del país.
La acción terminó con 122 muertos, entre ellos cinco policías, según la versión del Gobierno de Río.
Sin embargo, el balance de víctimas varía según la fuente. Para la Defensoría Pública, una institución pública que recopiló los datos, el número de fallecidos llegó a 132.
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La operación cruzó fronteras y fue ampliamente criticada por organizaciones de derechos humanos y por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva.
En su informe anual, publicado esta semana, Human Rights Watch (HRW) afirmó que, aunque algunas de las muertes a manos de los agentes se pueden amparar en la legítima defensa, «muchas resultan de un uso ilegal de la fuerza».
Antes, el Supremo ya exigió al Gobierno de Río, presidido por el derechista Cláudio Castro, presentar un plan estratégico de reocupación territorial, lo que cumplió el pasado 22 de diciembre.
Según un reciente estudio de la Universidad Federal Fluminense, al menos cuatro millones de habitantes de Río, es decir, el 35 % de la población de la ciudad, viven en áreas controladas por grupos armados.
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De acuerdo con el informe, el área de Río controlada por organizaciones criminales creció un 59,4 % entre 2007 y 2024, cuando pasó a equivaler al 18,1 % de la superficie urbanizada habitada de la turística urbe.
EFE
