La Corte Suprema de Brasil concluyó este martes 10 de junio, en el segundo de los cinco días previstos, el interrogatorio de los ocho principales acusados de tramar un golpe de Estado para impedir el regreso al poder de Luiz Inácio Lula da Silva, entre los cuales el expresidente Jair Bolsonaro.
El líder opositor y siete de los principales colaboradores en su Gobierno (2019-2022) fueron interrogados en largas sesiones entre el lunes y el martes por los jueces del Supremo Tribunal Federal, por el Fiscal General de la Nación y por los abogados de los propios acusados.
Tras la conclusión del interrogatorio al general de la reserva Walter Braga Neto, que fue candidato a vicepresidente en las elecciones de 2022 como compañero de fórmula de Bolsonaro, el juez instructor del proceso, Alexander de Moraes, declaró concluido esta fase del proceso y anunció los próximos pasos.
El magistrado revocó su decisión de enero pasado en la que prohibió que los integrantes del llamado «núcleo principal» de la trama golpista tuviesen contacto entre sí y abrió un plazo de cinco días para que las defensas soliciten posibles nuevas diligencias o esclarecimientos para la instrucción del juicio.
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Decidido ese asunto, se dará plazo para que la acusación y las defensas presenten sus alegatos finales, tras lo cual el caso quedará listo para una sentencia que pudiera ser dictada entre octubre y noviembre de este mismo año y que, en caso de culpabilidad, puede oscilar entre doce y cuarenta años de prisión.
Los principales acusados en el proceso responden a los cargos de abolición violenta del Estado democrático de derecho, intento de golpe de Estado, implicación en organización criminal armada, daño calificado y deterioro de patrimonio.
Entre los enjuiciados, además de Bolsonaro, también están el excomandante de la Marina Almir Gabriel, los exministros de Justicia Anderson Torres; de Seguridad Institucional Augusto Heleno Ribeiro; de Defensa Paulo Sergio Nogueira y de la Presidencia Walter Braga Neto, y el exdirector de la Agencia Brasileña de Inteligencia y diputado Alexandre Ramagem.
El proceso tiene como base las numerosas pruebas recogidas por la Fiscalía, entre ellas un borrador de decreto para declarar el estado de sitio y la confesión del antiguo edecán de Bolsonaro, el teniente-coronel Mauro Cid, que es el octavo enjuiciado pero que puede recibir beneficios por su colaboración con la Justicia.
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Según la Fiscalía, los ocho acusados participaron en una conspiración para impedir la investidura de Lula tras los comicios de 2022, una trama que desembocó en los ataques golpistas del 8 de enero de 2023.
Ese día, una semana después de la investidura de Lula, miles de bolsonaristas asaltaron las sedes de la Presidencia, el Congreso y la Corte Suprema en un intento de forzar a los militares a derrocar al nuevo Gobierno.
Bolsonaro negó en su interrogatorio este martes haber intentado una ruptura democrática tras su derrota electoral, pero admitió haber pensado en «alternativas» ante el convencimiento de haber sido víctima de un fraude en las elecciones.
«Discutimos posibilidades, alternativas, siempre dentro de la Constitución», pero finalmente «abandonamos cualquier posibilidad» y «enfrentamos el ocaso de nuestro Gobierno», afirmó Bolsonaro, sentado en el banquillo de los acusados junto a sus abogados.
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El líder ultraderechista desmintió los testimonios de algunos de los testigos del proceso y hasta de algunos de los acusados, incluidos jefes militares de la época, de que les propuso declarar un estado de sitio, anular las elecciones e intervenir la justicia electoral a fin de permanecer en el poder.
«En ningún momento siquiera pensamos en hacer algo a rebeldía de la ley y la Constitución», enfatizó.
EFE
