La estatal Corporación Nacional Eléctrica (Corpoelec) denunció este domingo 8 de junio un «cobarde ataque» contra cuatro torres de transmisión, ubicadas en el estado Carabobo, que busca -afirmó- afectar «la paz nacional».
«Frente a esta nueva embestida que busca afectar la paz nacional, los trabajadores y trabajadoras de Corpoelec actuaron con compromiso y se mantienen desplegados atendiendo esta situación, haciendo las labores que permitan en tiempo récord restablecer la estructura afectada por esta agresión», añadió la entidad en un comunicado.
Asimismo, la corporación dijo que en coordinación con organismos de seguridad ya se ha iniciado una «investigación exhaustiva para identificar a los autores intelectuales y materiales, capturarlos y someterlos al rigor de la ley, tal como lo exige el pueblo venezolano».
Corpoelec señaló que ante las «agresiones sistemáticas, Venezuela responde con trabajo y con máxima lealtad y soberanía».
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«Quienes ayer intentaron asfixiarnos con bloqueos criminales, hoy recurren al terror para dividirnos, pero desestiman el carácter rebelde de este pueblo heredero de las glorias de los libertadores», se afirmó en el mensaje.
En mayo pasado, el chavismo denunció «un nuevo ataque terrorista» contra el Sistema Eléctrico Nacional (SEN) en el estado Aragua (centro), del que responsabilizó a la «derecha extremista».
El Ministerio para la Energía Eléctrica y Corpoelec indicaron entonces que el «acto de sabotaje» afectó a «cuatro torres de 230 kilovatios en el municipio Zamora, sector Magdaleno», en Aragua.
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La situación, agregó un comunicado, fue atendida «de manera inmediata» por equipos técnicos de Corpoelec, que lograron «restablecer en el menor tiempo posible el suministro eléctrico».
Según la nota, se trató de una «maniobra» de la «derecha extremista», que -agregó, sin suministrar mayores detalles- «pretendía afectar severamente a esa población del centro del país».
Venezuela sufre a diario fallas en el suministro de energía eléctrica, sobre todo en regiones alejadas de Caracas, de las que el Gobierno responsabiliza reiteradamente a la oposición, pese a que militares vigilan las instalaciones del sector, mientras que el antichavismo y expertos denuncian como posibles causas la mala gestión, la falta de mantenimiento y la corrupción.
EFE
