Numerosos venezolanos que están en riesgo de perder su estatus inmigratorio en Estados Unidos ven cómo la opción del asilo luce cada vez más complicada, por lo que, con el próximo fin del estatus de protección temporal (TPS), se enfrentan a uno de los escenarios que menos quieren: verse obligados a volver a su país natal.
Por CNN
“La figura del asilo se ha ido desdibujando. Cada vez es más difícil pedirlo, argumentar tu caso y que te lo aprueben”, dijo a CNN Adelys Ferro, cofundadora y directora ejecutiva de Venezuelan American Caucus, una ONG que aboga por los derechos de los inmigrantes venezolanos.
Hasta diciembre de 2024 había más de 130.000 casos pendientes de asilo de venezolanos, lo que representaba más del 10% del total de solicitudes abiertas, según los datos de Transactional Records Access Clearinghouse (TRAC), una organización no partidista de investigación que rastrea los registros de inmigración.
Los venezolanos estaban entre las tres nacionalidades a las que más se les concede el asilo en EE.UU., solo por debajo de China y Afganistán, según datos hasta 2023 del Departamento de Seguridad Nacional. Y la tasa de aprobación era significativa, aunque ya venía en descenso en los últimos dos años. Hasta el cierre del año fiscal 2024, los venezolanos tenían una tasa de aprobación de asilo en juzgados del 64,5 %, según TRAC.
Aunque no hay datos oficiales para lo que va de 2025 por nacionalidad, Ferro señala que en los últimos meses, según lo que vio en su acompañamiento de casos y testimonios, ha habido un considerable descenso del porcentaje de casos aprobados para venezolanos. “Es un patrón de negación sistemática”, apuntó la activista.
Jueces más estrictos
Cecilia González Herrera es una inmigrante venezolana que, junto a su familia, tiene una solicitud de asilo en proceso desde que entró al país hace ocho años, en los que sigue esperando una audiencia. Según cuenta a CNN, a través de otros casos que conoce, señala que “ha habido más escrutinio” en la revisión de solicitudes.
“Los jueces están tratando de ser más cuidadosos con respecto a los asilos que aprueban”, comentó.
Los padres de González vendieron todas sus pertenencias y huyeron de Venezuela con sus dos hijos, denunciando que sufrían persecución política. La joven, que llegó a EE.UU. a los 18 años, también se refirió a la diferencia de criterios en los juzgados.
“En muchas ocasiones se ha argumentado que hay elementos que no califican como persecución política, sino como hampa o crimen común”, dijo. En otro ejemplo, mencionó casos de personas que trabajaban como policías en Venezuela y habrían sido intimidados debido a su inclinación política, “pero los jueces dicen que no es persecución política, sino laboral”.
El abogado de inmigración Juan Pablo Molina señala que ha habido un endurecimiento de criterios en los juzgados, pero no considera que se trate de algo sistemático. “El problema es que de un tiempo para acá han llegado muchos casos y hay jueces que creen que todos tienen la misma historia”, dijo a CNN.
Para el pedido de asilo, el solicitante debe demostrar una persecución o temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad o pertenencia a un grupo social particular u opinión política, según la Ley de Inmigración y Nacionalidad de EE.UU. Molina enfatiza que la persecución debe ser detallada y específica hacia la persona. En ese sentido, señala que no basta haber sido víctima de una represión generalizada, sino mostrar que fue una persecución puntual y específica del gobierno (o grupos afines).
“Ahora hay jueces que piden más pruebas. Se ha puesto más difícil con los venezolanos”, dijo Molina, quien trabaja en el área de Houston.
CNN contactó al Departamento de Seguridad Nacional para solicitar comentarios sobre los señalamientos al proceso y consultar si ha habido alguna orden específica del Gobierno para las solicitudes de asilo.
Endurecimiento de las políticas
El Gobierno del presidente Donald Trump instruyó en abril a los jueces de inmigración que desestimaran los casos de asilo que consideren “deficientes”, aún sin una audiencia que les dé a los solicitantes la oportunidad de explicar su caso. La Oficina Ejecutiva de Revisión de Casos de Inmigración dijo en un memorando que los jueces tienen el deber “de gestionar eficientemente sus expedientes”.
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