El Comité de Familiares de Víctimas de los Sucesos de Febrero-Marzo (Cofavic) respaldó el viernes 6 de febrero la liberación “plena, inmediata y sin condiciones” de los presos políticos en Venezuela. Además, pidió una amnistía que cumpla «estándares internacionales».
Asimismo, manifestó su apoyo al sobreseimiento de todas las causas penales pendientes de las personas excarceladas que enfrentan cargos por motivos políticos.
“La liberación plena de todas las personas detenidas por motivos políticos no es un favor del Estado, sino la restitución de sus derechos y garantías, y esto puede hacerse de manera inmediata, sin más dilaciones, y sin necesidad de una nueva ley, solo dando cumplimiento a nuestra Constitución, dadas las violaciones al debido proceso de las que han sido víctimas estas personas”, indicó Cofavic en su cuenta de X.
Cofavic consideró que los procedimientos para promover la paz y la reconciliación deben provenir de “esfuerzos serios” que muestren una “voluntad genuina”
“Esto es una responsabilidad directa del Estado y también de quienes participen en tales procesos: todas sus actuaciones deben coadyuvar a lograr la credibilidad y confianza de la sociedad en general”, apuntó.
Insistió en una amnistía que cumpla “estándares internacionales”
Sobre el proyecto de ley de amnistía aprobado en la Asamblea Nacional (AN), Cofavic insistió en que debe cumplir con estándares internacionales para considerarse una “medida legítima de transición democrática”.
“Las amnistías que no cumplan los estándares internacionales y se constituyan en obstáculos ilegítimos para impedir las obligaciones de verdad, justicia y reparación, generan responsabilidad internacional, agravan las violaciones de derechos humanos, y no contribuyen a un proceso de reconciliación genuino”, agregó.

El comité consideró que no es útil desde el ámbito jurídico, político y social, un proceso de amnistía que contravenga estándares internacionales, debido a que sus resultados “carecerán de efectos jurídicos válidos respecto a graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad”.
Además, calificó de grave el precedente de que la sociedad venezolana no haya accedido desde el inicio al proyecto de ley de amnistía que se discutió en la Asamblea Nacional.
“La publicidad y la participación plural en la elaboración de los proyectos de leyes de amnistía son obligaciones constitucionales indispensables para generar confianza y credibilidad en toda la sociedad, principalmente en las víctimas y sus familiares”, dijo.
Cofavic instó a que el proceso de reconciliación se centre en las víctimas
Cofavic insistió en que para que el proceso de reconciliación se considere legítimo, se debe poner a las víctimas en el centro, con garantías para su participación efectiva, el reconocimiento público del daño sufrido, protección contra la revictimización y acceso a reparación integral.
“La reconciliación debe ser principalmente un proceso de restauración de derechos, y la justicia es una condición para ello. La reconciliación auténtica no se construye sobre el borrón y cuenta nueva, sino que debe basarse en verdad, justicia y reparación”, explicó.
Además, consideró que la amnistía debe “dejar de manera expresa” la voluntad y la obligación del Estado de investigar, juzgar y sancionar graves violaciones de los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, como la tortura, las desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales.

“Una ley de Amnistía debe reconocer de manera expresa la responsabilidad del Estado por las violaciones de los derechos humanos cometidas, y no debe presentarse como un acto de generosidad o producto de una concesión, porque ello vulnera abiertamente el propósito fundamental de justicia, verdad y reparación”, añadió.
En este sentido, consideró que este proyecto de ley debe consagrar de manera efectiva “el derecho de las víctimas a la verdad, justicia y reparación”. Por lo que, para que la reparación sea integral, debe incluir “restitución, indemnización, reconocimiento público y garantías de no repetición desde una dimensión individual y colectiva”.
Lo que se sabe del proyecto de ley de amnistía
El diputado opositor Luis Florido hizo público este viernes 6 de febrero el texto del Proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática, aprobado el día anterior en primera discusión por la AN.
El texto contiene 13 artículos, ocurre luego de que organizaciones de derechos humanos y actores de la sociedad civil cuestionaran que el proyecto fuese debatido sin que su contenido se conociera oficialmente, y exigieran mayor transparencia sobre el alcance de la iniciativa.
Según el documento, la ley concede una amnistía general y plena a personas procesadas o condenadas por delitos políticos o conexos cometidos entre el 1° de enero de 1999 y el 30 de enero de 2026, en el contexto de hechos de violencia por motivos políticos.

El proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática identifica 10 episodios concretos de la historia reciente de Venezuela, para su aplicación:
- El golpe de Estado del 11 de abril de 2002, incluidos los asaltos y ataques contra gobernaciones, alcaldías e instalaciones públicas y privadas.
- Los hechos de violencia por motivos políticos en el marco del paro y sabotaje empresarial y petrolero, ocurridos entre diciembre de 2002 y febrero de 2003.
- Los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en febrero y marzo de 2004.
- Los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en agosto de 2004.
- Los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en mayo de 2007.
- Los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en el marco de las elecciones presidenciales de abril de 2013.
- Los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos entre febrero y junio de 2014.
- Los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos entre marzo y agosto de 2017.
- Los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos entre enero y abril de 2019.
- Los hechos de violencia por motivos políticos ocurridos en el marco de las elecciones presidenciales de julio de 2024.
Exclusiones sobre el proyecto de ley de amnistía
Desde la publicación en redes sociales, varios actores políticos y de la sociedad civil señalaron que el proyecto de ley de amnistía excluye varios casos de persecución por motivos políticos en Venezuela.
Delsa Solórzano, abogada y presidenta del partido Encuentro Ciudadano, aseguró en X que el texto está “incompleto” y es “potencialmente peligroso”.
“Excluye a las personas condenadas bajo la Ley Simón Bolívar y la Ley Contra el Odio, entre otros instrumentos de represión vigentes, las causas de jurisdicción militar, cualquier derogatoria del marco legal represivo que permitió y sigue permitiendo la persecución por razones políticas. Siendo así, al no derogarse expresamente estas leyes, queda abierta la puerta para nuevas detenciones, incluso después de una eventual aplicación de la amnistía”, añadió.
Además, agregó que no garantiza el retorno seguro de los exiliados, no levanta las inhabilitaciones políticas y no establece mecanismos de reparación integral para las víctimas.
Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Central de Venezuela (UCV) informó que pidió a la AN que en la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática se incluya la derogatoria de: 1. La Ley contra el Odio (2017); 2. Ley Simón Bolívar (2024); 3. Ley anti-ONG (2024); 4. Ley Extinción de Dominio (2023); 5. Ley Contraloría Art. 105 (Inhabilitaciones).
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