El fin de semana pasado, la abogada de migración Liudmila Armas Marcelo se lo pasó escuchando, pero sobre todo calmando a muchos de sus clientes desesperados tras recibir una orden de abandonar Estados Unidos en un plazo de siete días. El teléfono de la letrada sonaba y volvía a sonar. La gente del otro lado estaba casi a punto de un ataque de nervios. A una clienta le subió la presión. El hijo de otra, con problemas de salud, estaba tremendamente afectado. “La gente entró en pánico”, dice Marcelo. Lo que nunca se esperó fue que a ella, ciudadana estadounidense, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) también le notificara que debía salir del país “inmediatamente por su cuenta”.
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