La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exhortó este martes al Estado de Nicaragua a cesar de inmediato las violaciones a los derechos humanos y a liberar sin demora a todas las personas que se encuentran privadas de la libertad por razones políticas.
Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional a exigir el fin de la represión y a adoptar medidas concretas orientadas al restablecimiento de la democracia y el Estado de derecho en Nicaragua.
En una declaración, la CIDH condenó «la persistente represión en Nicaragua, caracterizada por la continuación de detenciones arbitrarias y la privación de la libertad por motivos políticos contra cualquier postura percibida como oposición al régimen» que dirigen los esposos y copresidentes, Daniel Ortega y Rosario Murillo.
«La situación de derechos humanos en Nicaragua constituye uno de los casos más graves observados en la región», advirtió la CIDH, que es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Ese órgano alertó que en Nicaragua «se ha consolidado un régimen autoritario basado en el control, vigilancia y represión en contra de cualquier persona percibida como opositora, incluso vinculadas al propio régimen, y que va más allá de las fronteras del país».
Informó que en las últimas semanas, a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), la CIDH recibió información sobre la detención de más de 60 personas por expresar opiniones en redes sociales sobre los recientes acontecimientos en Venezuela.
«Dichos hechos contrastan con el anuncio realizado por el régimen, el 10 de enero de 2026, que otorgó el denominado beneficio legal de convivencia familiar a 24 personas detenidas por motivos políticos», agregó.
Al respecto, la CIDH criticó que la situación jurídica indefinida, así como la obligación a presentarse ante delegaciones policiales y permanecer bajo vigilancia y severas restricciones para participar en reuniones, actos religiosos o expresarse en redes sociales, «conlleva que la libertad de las personas excarceladas sea condicionada».
Organizaciones de la sociedad civil nicaragüense han informado que al menos 62 personas continúan privadas de libertad por motivos políticos, de las cuáles algunas se encontrarían en condición de desaparición forzada.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones de noviembre de 2021, en las que el presidente Daniel Ortega, de 80 años y en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
Esos comicios tuvieron lugar con sus principales contendientes en prisión, a los que luego expulsó del país y privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos, tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria».
Con información de EFE
