La dictadura madurista, huérfana de apoyo ciudadano, convirtió nuestro sistema electoral en una parodia. Ya no guardan las formas; ya no disimulan su perverso y tramposo comportamiento. El fraude ahora es continuado, abierto y desafiante. La convocatoria para designar alcaldes y concejales el próximo 27 de julio rompe el récord de ilegalidades y fraudes procesales.
De entrada, se han violentado los principios fundamentales del sistema electoral establecidos en el artículo 294 de la Constitución. No se garantiza la transparencia, la imparcialidad, la participación ciudadana ni, mucho menos, el principio fundamental de todo Estado de derecho: la seguridad jurídica.
La abrupta convocatoria, hecha de un día para otro, impide que la sociedad democrática organice adecuadamente sus procesos de selección de candidatos, como lo establece el artículo 67 constitucional, y convierte dicho evento en un vulgar asalto. A esto se suma la falta de garantías para que los ciudadanos puedan ejercer su derecho a la participación y al sufragio, al no habilitarse un lapso suficiente para la inscripción y actualización en el Registro Electoral Permanente. La convocatoria se oficializó el 4 de junio de 2024, iniciando de inmediato el cronograma, cuyo primer paso fue el corte del registro. Esto revela con claridad la pérfida intención de impedir que ciudadanos interesados actualicen o formalicen su inscripción. Todos sabemos, sin embargo, que el registro sigue abierto para que el régimen haga los cambios que requiera en cualquier circunstancia.
Si se cumplieran los principios de legalidad, seguridad, transparencia y participación ciudadana, la convocatoria habría debido hacerse con al menos seis meses de antelación a la fecha de votación, haberse promovido una campaña nacional de actualización del REP y haberse facilitado un proceso de selección democrática de candidatos, tal como lo establece el artículo 67 de la Carta Magna.
Ya este tema de la convocatoria y del cronograma resulta, por sí solo, gravísimo. Pero la situación alcanza niveles de escándalo y perversión cuando la dictadura adelanta esta simulación electoral en un país donde los derechos políticos —y buena parte de los derechos civiles— están conculcados.
Todos sabemos que los venezolanos vivimos en dictadura. El derecho a la participación política está reservado solo para quienes se doblegan ante los usurpadores y los reconocen como autoridades legítimas, pese a los descarados y vulgares fraudes del 28 de julio de 2024 y del 25 de mayo de 2025. No hacer tal reconocimiento constituye, en la práctica, un motivo de criminalización. Además, el derecho a participar está negado a la mayoría de los ciudadanos mediante el secuestro de la representación e institucionalidad de los partidos políticos.
En Venezuela no hay partidos políticos libres. Las verdaderas organizaciones están perseguidas; sus dirigentes, presos, resguardados o en el exilio. No se permiten nuevas organizaciones que no se comprometan a seguir las instrucciones del Rasputín de la dictadura para la organización de estos fraudes. Si se es obediente a las órdenes de Jorge Rodríguez —sobre cómo participar, con quién aliarse o no— se otorgan tarjetas de partido para postular candidaturas, aunque se trate de simples grupúsculos sin representación. En cambio, los partidos con liderazgo y trayectoria comprobada son completamente desconocidos.
Se convoca esta simulación en un país sin libertad de expresión ni de medios, con una severa censura sobre la prensa y las redes sociales. Los medios convencionales de comunicación —ya sean estatales o privados— están tan condicionados que no pueden abrir sus espacios a la verdadera oposición venezolana.
El derecho al libre tránsito por el territorio nacional está severamente restringido. Los opositores auténticos a la dictadura son hostigados por las policías del régimen y por los grupos paramilitares armados (colectivos y guerrillas), que impiden eventos públicos y obstaculizan el accionar político libre.
A este cuadro de impedimentos se suma el cerco económico impuesto por la dictadura contra la oposición y contra las organizaciones de la sociedad civil. El Estado policial socialista hostiga a quienes aportan cualquier tipo de recursos a las campañas de los opositores. Es obligatorio recordar cómo fueron perseguidas personas y empresas durante la campaña presidencial del año pasado: desde humildes vendedoras de empanadas sancionadas en el sur de Guárico por ofrecer desayuno a María Corina Machado, hasta la prohibición abierta a instalaciones y empresas de servicios (hoteles, restaurantes, transportes, salones, sonido, tarimas, etc.) de vender sus productos a la campaña de la oposición.
Pero lo más grave es que, desafiando todo ese entorno hostil, ganamos las elecciones presidenciales del 28 de julio, y de la forma más descarada el régimen alteró los resultados. Se robó el proceso ante los ojos del mundo. Hasta hoy no ha podido sostener matemáticamente ese resultado. Para concretar el fraude, aplicaron la más brutal escalada represiva, con muertos, presos y perseguidos.
Nada de esto ha cambiado; todo se ha agravado. Hoy las cárceles están llenas de presos políticos: dirigentes partidistas, periodistas, líderes gremiales, sociales y ciudadanos que participaron en el evento electoral. Miles de activistas han debido sumergirse en el tejido social o huir del país para evitar las mazmorras del madurismo. ¿Cómo se puede decir que hay elecciones libres en medio de ese cuadro?¿Cómo participar en nuevos eventos de esta naturaleza bajo esas condiciones?
Para quienes luchamos por el restablecimiento del Estado de derecho, lo fundamental es hacer respetar el voto emitido el 28 de julio de 2024. Los eventos posteriores convocados por la barbarie roja buscan que dejemos de lado ese reclamo, aceptemos el fraude y el actual estado de cosas, es decir, que aceptemos la perpetuación de la camarilla madurista en el poder.
Eso no lo podemos hacer. Por esa razón no podemos avalar este nuevo intento de normalizar una vida política antidemocrática. Debemos recordar, todos los días, que la dictadura destruyó el voto como instrumento de cambio y conducción política para convertirlo en un simple mecanismo de complicidad y perpetuación de la violencia del Estado contra la nación.
Este 27 de julio de 2025 habrá una nueva jornada de resistencia pacífica ante la dictadura, un nuevo vacío frente al fraude y la usurpación. Nuestra lucha se mantiene firme hasta lograr el rescate de la democracia y, con ella, el desafío de reconstruir material, institucional y espiritualmente a nuestra amada Venezuela.
Caracas, 16 de junio de 2025
