A más de tres décadas de la masacre que marcó la historia de los derechos humanos en Venezuela, el caso de El Amparo recobra vigencia bajo una premisa innegociable: la búsqueda de verdad, justicia y reparación integral.
lapatilla.com
«Los que se liberaron después fueron perseguidos por la justicia internacional. En el caso de Venezuela, El Amparo es el símbolo de la perseverancia, de la justicia y de la verdad», afirmó el jurista.
Walter Márquez, defensor de derechos humanos y presidente de la Fundación El Amparo, denunció este lunes 9 de marzo, en la sede del Circuito Penal en San Fernando de Apure, que la Corte de Apelaciones del estado no posee el expediente del caso de la masacre.
El crimen, ocurrido el 29 de octubre de 1988 en la zona de Caño Colorada, cerca de la población de El Amparo (frontera con Colombia), sigue sin resolverse.
Márquez calificó la ausencia del expediente como un «error grave», por lo que solicitará su envío inmediato y notificará a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para exigir verdad, justicia, reparación e indemnización para los agraviados.
«Eso es un error inexcusable de parte de la Corte Marcial. Es un retardo injustificado, negligencia grave e incumplimiento. Lo importante es que el delito no prescribe. Vamos a exigir celeridad procesal y notificaremos a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que requiera del Estado venezolano, el cumplimiento de la sentencia», señaló.
El exdiputado y exembajador, quien lidera denuncias internacionales sobre violaciones de DDHH y crímenes de lesa humanidad, explicó que de los 19 funcionarios implicados originalmente en la matanza de 14 pescadores, el paso del tiempo ha mermado la lista debido al fallecimiento de algunos de los perpetradores. Sin embargo, para los sobrevivientes Wolmer Pinilla y José Augusto Arias, la lucha no ha prescrito.
A juicio de Márquez, nuevas revelaciones confirman la planificación de un «falso positivo» mediante la siembra de armas a los pescadores asesinados, según testimonios de exfuncionarios y pilotos que han admitido su participación en el traslado del arsenal para simular un enfrentamiento.
Estas declaraciones, que surgen tras 36 años de impunidad, refuerzan la exigencia de alcanzar una «verdad real».
El debate sobre la responsabilidad del Comando Específico José Antonio Páez (CEJAP) y la necesidad de una reparación histórica se mantiene vigente frente a la sistemática denegación de justicia en el país.
El investigador y representante histórico de las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ratificó la vigencia de las pruebas que demuestran el montaje judicial y militar.
