El 19 de noviembre de 2024, el abogado y exjuez Alejandro Rebolledo se presentó ante los tribunales de Caracas después de siete años en el exilio. Buscaba aclarar su situación judicial ante las autoridades, pero en su lugar fue detenido y llevado a la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin). Su delito: haber sido nombrado magistrado del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) por la Asamblea Nacional de 2015, aunque nunca llegó a juramentarse.
A casi 10 meses de su detención, sus familiares están preocupados por la falta de información sobre su estado. Rebolledo se encuentra en la misma situación que los más de 823 presos políticos de Venezuela, de acuerdo con cifras de Foro Penal. Un limbo judicial marcado por constantes violaciones del debido proceso como retrasos y suspensión de audiencias, imposición de abogados defensores del Estado o la prohibición de comunicarse con sus familias y abogados de confianza.
Recientemente el Saleh Institute, organización dedicada a la defensa de los derechos humanos, remitió un documento con el caso de Rebolledo y otros presos políticos a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, y a la subcomisión de Derechos Humanos de ese organismo. Allí solicitó acciones de protección y seguimiento por parte de la Unión Europea en favor de los venezolanos detenidos.
“No hay un proceso judicial real y además se están violando normas internacionales vinculantes que protegen contra la detención arbitraria y garantizan un juicio justo.Por ello exigimos fe de vida inmediata, paradero exacto y acceso a defensa y familia con evaluación médica independiente”, indicó el presidente del instituto, Lorent Saleh, en entrevista para El Diario.
¿Quién es Alejandro Rebolledo?
Alejandro Rebolledo es un abogado con un doctorado en Ciencias Jurídicas y especializado en prevención del crimen organizado y lavado de dinero. De acuerdo con su perfil en LinkedIn, trabajó durante más de 20 años en su propio escritorio jurídico y fue presidente del Instituto de Altos Estudios Profesionales (Idaep).
El 21 julio de 2017, la Asamblea Nacional designó a 13 magistrados y 20 suplentes del TSJ, en reemplazo de los nombrados por la legislatura anterior en una sesión extraordinaria en diciembre de 2015. El Parlamento de mayoría opositora señaló que dichos nombramientos eran extemporáneos e ilegales, pues respondían directamente “a los intereses” del gobierno de Nicolás Maduro. Entre los nuevos magistrados designados estaba Rebolledo.
De inmediato, la Sala Constitucional del TSJ anuló la medida, declarando que la Asamblea Nacional estaba en desacato judicial y ninguno de sus actos era válido. Además pidió a las autoridades “acciones de coerción” contra los nuevos magistrados por “usurpación de funciones”, por lo que Rebolledo debió salir del país y asilarse en Estados Unidos. En octubre de 2018, el abogado se desincorporó de su cargo, al igual que Tomás Alzuru, con el argumento de que cualquier resolución del TSJ en el exilio era imposible de aplicar bajo las condiciones actuales.
El abogado continuó su trabajo en Miami, Florida, como presidente de Rebolledo Group, una consultora especializada en investigaciones contra el crimen organizado trasnacional, fraudes, lavado de dinero y corrupción pública. En 2018 batió un récord mundial Guinness por la clase magistral más larga de la historia, de 24 horas y 40 minutos de duración.
A pesar de todo esto, el 19 de noviembre de 2024, Rebolledo viajó a Venezuela y se presentó ante el Tribunal 27 de Control, en respuesta a una solicitud de captura emitida en su contra. De acuerdo con sus familiares, Rebolledo planeaba comparecer ante el tribunal para aclarar su inocencia, pues nunca se juramentó formalmente ante la Asamblea Nacional ni participó en ninguna de las decisiones tomadas por el TSJ en el exilio, que se instaló en Washington. Desde entonces, no volvieron a tener noticias sobre él ni de su juicio.
Absoluta indefensión
“El caso está viciado desde el origen. Hoy, Alejandro está en absoluta indefensión”, expresó Lorent Saleh, quien también fue preso político entre 2014 y 2018. Indicó que actualmente Rebolledo está imputado por los delitos de traición a la patria y conspiración y permanece incomunicado, por lo que ni sus familiares ni abogados saben nada sobre su lugar de reclusión, estado de salud o detalles sobre sus audiencias en tribunales, o siquiera si las ha tenido.
El activista afirmó que el caso de Alejandro Rebolledo se puede considerar como una desaparición forzada, y viola los artículos 9 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (ICCPR). Esto pues no se le ha garantizado un juicio justo con acceso a la defensa y en condiciones de igualdad.
“No hay información clara sobre su estatus procesal. No se sabe en qué tribunal exactamente se tramita la causa. No se conocen los términos de la acusación ni el avance del juicio. No hay constancia oficial de dónde está detenido. Es decir, está en un limbo legal. Formalmente procesado, pero en la práctica sin juicio ni garantías”, explicó.
Igualmente, señaló que el abogado ha estado sometido a una incomunicación prolongada, lo que viola los artículos 58 y 61 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el tratamiento de reclusos (Reglas Mandela). También violan las reglas 43 y 45 que prohíben mantener a un detenido en aislamiento por más de 15 días, pues constituyen tratos crueles o torturas.
Saleh advirtió que Rebolledo, al igual que todos los presos políticos, son vulnerables a sufrir violaciones de sus derechos humanos debido a las constantes torturas y maltratos o prácticas degradantes a los que son sometidos por el Estado venezolano. Algo que, resalta, ha sido ampliamente documentado en instancias como las Naciones Unidas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Penal Internacional (CPI).
También habla desde su propia experiencia como detenido por el Sebin en El Helicoide y en “La Tumba”, un calabozo de tortura blanca ubicado en el sótano de su sede de Plaza Venezuela. “Conozco de primera mano lo inhumano de esas condiciones y esto es algo que nos llena de inquietud constante. No hablo solo de teorías, hablo de evidencias y documentación seria reconocida en el Parlamento Europeo, la CIDH, la ONU y la CPI”, afirma.
Agenda europea
Saleh asegura que desde su organización mantienen un canal constante de comunicación con los familiares de Alejandro Rebolledo para crear una línea de tiempo de los sucesos con hechos verificables, así como gestionar medidas de protección y evidencias para el caso. También se articula con organizaciones no gubernamentales (ONG) para crear redes de acción ante instancias internacionales, como las relatorías de la ONU o la solicitud de medidas cautelares a la CIDH.
En el caso del Parlamento Europeo, específicamente Saleh pidió una fe de vida de Rebolledo y otros presos políticos, así como una verificación in situ de una delegación europea de sus condiciones de reclusión. “En Bruselas tratamos los casos con cuidado y seguimiento desde hace varios años. He podido trabajar con tres presidencias del Parlamento (Antonio Tajani, David Sassoli y Roberta Metsola) y puedo decirte que la causa de los presos políticos en Venezuela sigue en la agenda”, comentó.
Acotó que la Unión Europea ha mantenido un fuerte compromiso con la causa venezolana, denunciando las desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y violaciones de derechos humanos cometidas por el gobierno de Maduro. Además de disponer de políticas más proactivas como el régimen de sanciones de alcance mundial en materia de derechos humanos, el cual permite listar responsables de torturas y desapariciones.
Creado en 2020, este régimen estará vigente hasta diciembre de 2026 y fija medidas restrictivas contra las personas y entidades sancionadas como prohibición de entrada a la Unión Europea y la inmovilización de sus bienes en la región. También prohíbe a actores europeos poner fondos a disposición de los sancionados.
En el caso de Venezuela, desde 2017 se han aplicado medidas como la prohibición de exportación de armamento y equipos de vigilancia a ese país, así como el bloqueo de fondos. También se han impuesto sanciones individuales a funcionarios venezolanos vinculados a violaciones de derechos humanos, como el director del Sebin, Alexis Rodríguez; los magistrados del TSJ y varios fiscales del Ministerio Público, entre otros.
Acciones contundentes
A pesar de las preocupaciones de la UE y la comunidad internacional sobre la situación de Venezuela, sus llamados a la liberación de los presos políticos ha sido constantemente ignorados por el gobierno. De hecho, la respuesta desde el oficialismo a estos reclamos se ha volcado a la expulsión del país de organismos como la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, o la persecución de las ONG que documentan estos atropellos.
Al respecto, Saleh opinó que, a su juicio, la Unión Europea debería tomar medidas concretas que vuelvan más contundentes estos reclamos, como activar listados individuales de sanciones contra autores materiales y de mando de detención arbitraria, incomunicación y traslados opacos. “Es la herramienta más eficaz hoy para elevar el costo de la represión”, agregó.
En este sentido, cualquier tipo de negociación para aliviar estas sanciones debe estar condicionada al compromiso del gobierno venezolano de cumplir con hitos verificables. Entre ellos mencionó fe de vida de presos políticos con acceso de familiares y abogados, visitas de delegaciones internacionales a las cárceles y centros de tortura, así como liberaciones incondicionales con compromiso de no repetición por parte del Estado.
Añadió que en el caso de Alejandro Rebolledo, diferentes organizaciones trabajan para solicitar a la CIDH medidas cautelares de protección para él y sus familiares.
Puerta giratoria
En los últimos meses, organizaciones como el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve) han denunciado la instrumentalización de los presos políticos por parte del gobierno venezolano. Esto por su uso como fichas de canje en negociaciones con otros países, como ocurrió el 17 de julio de 2025, cuando acordó con Estados Unidos y El Salvador la excarcelación de decenas de detenidos a cambio de la liberación de los 252 venezolanos presos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot).
Saleh refirió que su posición sobre esta práctica, desde lo ético y político, es de total rechazo. “Salvar vidas siempre; normalizar el trueque de personas, nunca”, apuntó. El activista y Premio Sájarov 2017 indicó que el uso de rehenes en negociaciones políticas es un “terreno peligroso”, pues favorece otras acciones arbitrarias del gobierno como la denominada “puerta giratoria”, es decir, el encarcelamiento de nuevos presos políticos después de una excarcelación masiva.
Justamente esto se ha evidenciado en el país desde julio. La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) contabilizó alrededor de 59 excarcelaciones tras el intercambio con El Salvador, mientras que el 24 de agosto el dirigente político Henrique Capriles confirmó otras 13 excarcelaciones. Sin embargo, en ese mismo periodo de tiempo, se registraron al menos 20 nuevos arrestos por razones políticas.
“Si un canje se da, las condiciones mínimas deberían ser: liberaciones incondicionales, no medidas discrecionales. Verificación internacional (UE/ONU/Cruz Roja) y compromisos escritos de no repetición y fin de la persecución”, acotó Saleh.
Defensa de la dignidad
Además del caso de Alejandro Rebolledo, el defensor de derechos humanos señaló que el Saleh Institute también trabaja dando acompañamiento en otros casos de civiles y militares incomunicados, así como de disidentes políticos que sufren persecución.
Destacó que actualmente le hace seguimiento a la situación de Gregory Sanabria, un activista venezolano que estuvo tres años preso en El Helicoide y tras su excarcelación huyó a Estados Unidos, donde fue beneficiado con el TPS. Sin embargo, en junio de 2025 fue arrestado y golpeado durante una redada por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés). Actualmente está detenido en un centro para migrantes, en riesgo de ser deportado a Venezuela pese a su condición de perseguido político.
Por otro lado, afirmó que recientemente terminó de redactar un informe sobre la situación de presos políticos, el cual presentará en noviembre en el Foro Europeo por la Democracia, que se celebrará en Ventotene, Italia. Saleh agregó que también busca crear una red de apoyo entre facultades de Derecho y centros de investigación en Europa y América.
“La defensa de los derechos humanos. no es exclusiva de activistas; necesitamos a los gremios profesionales y a las universidades encendiendo las alarmas, documentando, litigando y enseñando que el Estado de Derecho y la dignidad humana no son negociables”, abogó.
La entrada Caso de Alejandro Rebolledo: 10 meses sin fe de vida ni garantías procesales del exjuez detenido tras volver del exilio se publicó primero en El Diario.
