La organización no gubernamental Provea, denunció este sábado 4 de abril, que se cumplieron 11 años de la desaparición forzada del dirigente social venezolano, Alcedo Mora, un caso que continúa sin respuesta por parte del Estado.
Por: lapatilla.com
A través de su cuenta oficial en la red social X, la ONG reiteró su exigencia de verdad y justicia, al tiempo que denunció la persistencia de la impunidad en uno de los casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos en Venezuela.
Según recordó Provea, meses antes de desaparecer, Alcedo Mora había denunciado presuntos hechos de corrupción dentro de la estatal petrolera Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), así como el contrabando de combustible hacia Colombia.
Estas denuncias, relacionadas con redes de tráfico de gasolina y posibles irregularidades administrativas, habrían generado amenazas en su contra. El activista alertó a allegados que existía una orden de captura en su contra luego de exponer estos hechos públicamente.
La ONG sostuvo que las circunstancias que rodearon su desaparición deben investigarse de manera exhaustiva, debido a que el caso involucra denuncias de corrupción y posibles abusos de poder.
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De acuerdo con familiares del dirigente social, funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional serían los presuntos responsables de la desaparición forzada.
Aunque las investigaciones iniciaron en los primeros meses tras su desaparición, los allegados han denunciado que no se realizaron diligencias clave, como el rastreo de comunicaciones o la citación de testigos relevantes, lo que habría frenado el avance del caso.
Provea insistió en que el Estado venezolano tiene la obligación de esclarecer los hechos, identificar a los responsables y garantizar la reparación a las víctimas.
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Además de sus denuncias sobre corrupción, Alcedo Mora era conocido por su labor comunitaria en la región andina del país, donde acompañaba a pobladores en procesos de exigibilidad de sus derechos y mantenía posiciones críticas frente a políticas gubernamentales.
Su activismo lo convirtió en una figura reconocida dentro de movimientos sociales y organizaciones comunitarias, especialmente en el estado Mérida, donde desarrolló gran parte de su trabajo social y político.
“El Estado no responde. Basta de silencio”, enfatizó la ONG en su mensaje, al exigir avances concretos en la investigación y el esclarecimiento del caso.