«Sí, yo le escribí a las autoridades para que se encargaran de ella». Con estas palabras, el soldado ruso retirado Valentin Botsvin reconoció haber denunciado a una compatriota por «actos desleales» en contra del ejército.
Por Juan Francisco Alonso | BBC News Mundo
Lejos de algún tipo de remordimiento, el exmilitar defendió sus actos en una entrevista con la BBC.
«Yo he escrito muchas cartas (denuncias), no todas se han hecho públicas, y lo he hecho porque ahora estamos en una batalla por los valores humanos (…) Por eso estamos peleando esta guerra (en Ucrania)», dijo.
La acusación del exmilitar estuvo dirigida en contra de la artista Alisa Gorshenina, quien participó en la producción de un video del controvertido grupo de música ruso Pussy Riot, en el cual se cuestionaba la invasión rusa a su vecino del oeste y el tratamiento que el Kremlin está dando a aquellos que critican el conflicto.
En abril, Gorshenina fue detenida y permaneció diez días en un calabozo, del que salió tras pagar una multa.
El caso de la artista no es único y revela que las delaciones, unas prácticas muy comunes en la era soviética, están resurgiendo en la Rusia de Vladimir Putin.
El gran hermano
«El partido tiene un gran ejército de informadores voluntarios. Tenemos una imagen completa: de todos, todos», llegó a decir Konstantín Chernenko, quien gobernó a la extinta Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) entre 1984 y 1985.
Las denuncias ciudadanas fueron uno de los rasgos característicos del desaparecido Estado comunista desde sus inicios, que heredó del anterior régimen zarista, escribió el historiador ruso Vladímir Kozlov, en su artículo «El fenómeno de la denuncia».
«La denuncia, junto con las quejas a las ‘autoridades superiores’ sobre funcionarios y burócratas, agresores y opresores del pueblo, a menudo sustituía a los tribunales y constituía la última esperanza para el restablecimiento de la justicia», explicó el experto.
Sin embargo, fue con la llegada al poder de José Stalin (1878-1953) en 1922 que las delaciones se institucionalizaron y expandieron más allá del combate contra «los abusos por parte las autoridades y funcionarios locales», para degenerar en un poderoso mecanismo de control social.
El Código Penal de 1926 amenazaba con cárcel los ciudadanos soviéticos que «no denunciaran un delito contrarrevolucionario conocido, preparado o cometido».
Durante el llamado «Gran Terror», como se conoce a las purgas que Stalin ordenó en la década de 1930 y en las que, según algunos historiadores, murió hasta un millón de personas, casos como el del pionero Pavlik Morozov fueron exaltados por las autoridades y utilizados para convencer a los ciudadanos de que debían vigilarse mutuamente y denunciar cualquier anomalía, sin importar quien la cometiera.
Según la versión soviética, Morozov, un niño de 13 años, acudió en 1932 a la policía para acusar a su padre, un alto cargo municipal en la región de los Urales, de «vender documentos a enemigos del pueblo». El padre fue arrestado, pero el resto de la familia molesta con el denunciante lo mató.
Luego del colapso de la URSS, ha surgido evidencia que indica que el caso fue fabricado por el aparato propagandístico.
Sin embargo, casos como el de Morozov sirvieron para que amigos, vecinos e incluso familiares se acusaran ante las autoridades, muchas veces sin ningún tipo de evidencia, con fines ocultos y aprovechando el anonimato.
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