El arzobispo Paul Richard Gallagher, secretario para las Relaciones con los Estados de El Vaticano, aterrizó a inicios de junio en La Habana con un mensaje: “La Santa Sede no puede dejar de promover tanto los derechos y libertades como su fundamento en la dimensión trascendente del hombre”. Se cumplían 90 años de las relaciones diplomáticas entre Cuba y el Vaticano, y el prelado llegaba como primer enviado desde el nombramiento de Robert Francis Prevost como papa León XIV. Unos días después de la visita, la opositora política Donaida Pérez entraba a la cárcel de mujeres de Guajamal, en Santa Clara, de la que había salido en enero, como parte del grupo de 553 personas excarceladas tras las negociaciones del Gobierno cubano con la Iglesia católica.
Por Carla Gloria Colomé | EL PAÍS
Hace poco menos de un mes, las autoridades citaron a Pérez en la prisión. Querían advertirle que se callara la boca, que dejara de reclamar la liberación de su esposo Loreto Hernández, detenido como ella hace cuatro años, por su participación en las protestas masivas del 11 de julio de 2021. Querían que estuviera tranquila, su silencio a cambio de no regresarla a la cárcel. Tras repetírselo más de una vez, los oficiales le pusieron un ultimátum: “¿Te callas o te quedas?” Donaida les dijo que se quedaba. El Tribunal Provincial Popular de Villa Clara confirmaría después que su condena de ocho años de privación de libertad -de la que ha cumplido cuatro- quedaba revocada por el “incumplimiento de las obligaciones” de su libertad condicional. Pero Donaida, de 54 años, había dicho antes que, en realidad, la liberación de enero nunca fue tal, que ella nunca se sintió libre, solo había dejado de estar en la cárcel para estar en casa.
“Las condiciones que le pusieron, los requisitos de la supuesta libertad condicional, ella nunca los aceptó”, aseguró a EL PAÍS su cuñado Jorge Luis García Pérez ‘Antúnez’. “Nunca dejó de denunciar, ni de tener presencia en las redes sociales, ni de tener comunicaciones con organizaciones de los derechos humanos”. Incluso, la policía llegó a decirle que, si se mantenía en silencio, le garantizarían la libertad condicional de su esposo, pero, según Antúnez, “ella nunca lo aceptó”. Dice que Pérez siempre supo que su vuelta al penal era una posibilidad. “Cuando se enteró de que a José Daniel Ferrer lo habían devuelto, pensó que le iba a pasar lo mismo”.
Casi un mes antes, la policía entró por asalto, de madrugada, a la casa de Ferrer en Santiago de Cuba. Revolcaron su ropa y su cama, robaron alimentos y otras pertenencias, y se llevaron a su esposa e hijo. A él lo llevaron hasta la prisión, donde recientemente hizo una huelga de hambre y donde, según pudo constatar su familia tras una visita, fue brutalmente torturado hasta desmejorarlo físicamente.
Ferrer siempre se ha negado a usar el uniforme de preso común, con la convicción y el recordatorio de que es un preso político. Su gesto molesta a las autoridades penitenciarias de Mar Verde, el mismo penal en el que estuvo hasta que lo excarcelaran en enero de este año. Según el Tribunal Supremo Popular, la revocación de su libertad condicional se debe al incumplimiento de “lo establecido en la ley” tras la excarcelación. Las autoridades pretendían que el líder santiaguero rindiera cuentas periódicamente, algo a lo que él se opuso desde su salida de prisión. “No solo no se presentó, sino que dio a conocer a través de su perfil en redes sociales, en flagrante desafío e incumplimiento de la ley, que no comparecería ante la autoridad judicial”, dice la declaración del Tribunal.
También fue detenido Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel y vicepresidente del Consejo para la Transición Democrática en Cuba. El hombre de 72 años y en delicado estado de salud fue otro de los excarcelados a inicios de año. La causa que le dieron para regresar a la cárcel fue similar: “violaciones reiteradas” a las pautas impuestas por el Tribunal, entre ellas, que Navarro salió en siete ocasiones del municipio de Perico, en Matanzas, sin autorización.
En abril, además, fue revocada la libertad condicional de Jaime Alcide Firdó Rodríguez, de 25 años, quien permanece ahora en la prisión 1580, de San Miguel del Padrón, en La Habana. El día en que lo detuvieron, a su padre le dijeron que debía presentarse en la estación policial para una verificación. “Lo mandé y cuando llegó le dijeron que estaba revocado”, cuenta Alcide Firdó Veranes. “Lo regresaron a la prisión porque les dio la gana”, insiste el padre, quien cuenta que los oficiales de la Seguridad del Estado pretendían que su hijo “trabajara con ellos y él se negó”.
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