Hace un mes, el gobierno difundió el hallazgo de un almacén de explosivos que, en palabras del ministro de Interior, «si todo esto explotara (…) no quedaría nada ni nadie». Los registros en galpones de empresas proveedoras de Pdvsa sirvieron entonces para anunciar la desactivación de un plan terrorista de la oposición. Sin embargo, numerosas inconsistencias en el operativo contradicen la versión oficial: que los cartuchos encontrados los fabrique una empresa del Ministerio de Defensa ni siquiera es la más notoria.
Por Roberto Deniz
Luces, cámara y acción. Aparece el protagonista y pronuncia su línea con voz y gesto graves: “Si aquí alguien pusiera un dispositivo para explotar, no quedaría nada”. Es Diosdado Cabello Rondón, ministro de Relaciones Interiores, que actúa en un galpón industrial de El Tigre, estado Anzoátegui, acondicionado para la ocasión como un set de televisión.
El pasado 14 de agosto allí se escenificaba un allanamiento. “Si todo esto explotara al mismo tiempo tendría una onda letal de 911 metros, casi un kilómetro, no quedaría nada, ni nadie”, insistía Cabello quien, para aumentar tanto la verosimilitud como el efecto dramático de la puesta en escena, pasó a describir con lujo de detalle el tipo de explosivos encontrado en el lugar. Las cámaras lo seguían en una especie de travelling mientras caminaba junto a un séquito de funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin, policía política) y del denominado Grupo de Operaciones Estratégicas (Goes). También lo acompañaba el gobernador local, José Luis Marcano, del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Apegándose al libreto, lleno de conjeturas y suposiciones, el número dos del chavismo apuró las conclusiones de la investigación para apuntar directamente a la oposición venezolana como instigadora del acopio de explosivos, destinados a una presunta campaña terrorista. Para Cabello, se trataba de los rastros de un plan conspirativo contra el régimen de Nicolás Maduro, que vinculó con un complot para llevar a cabo un supuesto atentado que tendría lugar en la Plaza Venezuela de Caracas, pero que los cuerpos de seguridad desactivaron a tiempo. “Uno revisa los vínculos y se da cuenta de que dos más dos son cuatro, y los vínculos no son buenos”, dijo como para alimentar las sospechas sobre una conspiración más amplia.
Cabello relató que el allanamiento era la culminación de una serie de diligencias detectivescas que había comenzado días antes, el 9 de agosto, en el vecino estado Monagas, y que “parte de esa investigación nos trae hasta el estado Anzoátegui”. Los registros se practicaron en sedes de dos compañías vinculadas a la explotación de la cuenca petrolera del oriente de Venezuela, cuyos nombres Cabello no reveló, pero que fuentes confiables identificaron para Armando.info como Servicios Integrales Leimar C.A (Silca), con oficinas en Anzoátegui y Monagas, y Técnica Petrolera WLP, con presencia solo en Monagas y propiedad de un empresario italiano de 77 años de edad que ahora se encuentra bajo arresto.
Ambas empresas tienen un largo historial de negocios con la estatal petrolera Pdvsa, según consta en el Registro Nacional de Contratistas (RNC) -algo que refuta algunas aseveraciones de Cabello al respecto- y, de hecho, los explosivos son suministros indispensables para diversas etapas de la prospección y producción petrolera. Así que, anticipándose a la obvia coartada que se desprende de ambas consideraciones, el ministro del Interior se apresuró a precisar que “no hay explosivos sólo para la industria petrolera, si es explosivo, es explosivo, y le hace daño a cualquiera donde explote”. Pero la salvedad que por adelantado Cabello Rondón extendía a su pretendida investigación no alcanzó a cubrir otras inconsistencias que saltan a la vista al examinar las imágenes del operativo policial que, en su momento, transmitió la estatal Venezolana de Televisión (VTV), así como las que contienen las fotografías difundidas por el propio Ministerio de Relaciones Interiores. Por ejemplo, buena parte de los explosivos fueron fabricados, en alianza con la empresa argentina Explosivos Tecnológicos Argentinos S.A (Etasa), por la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares (Cavim), que el Ministerio de Defensa controla; otra parte de lo incautado corresponde a productos de empresas trasnacionales cuya importación depende de permisos que solo otorgan la propia Cavim y la Dirección General de Armas y Explosivos (Daex). Por si fuera poco, en los galpones se encontraron muchos explosivos vencidos.
Estos son solo algunos de los pormenores que, sumados, no solo permiten tener dudas sobre esa versión oficial. También llevan a afirmar que la de la presunta conjura para cometer atentados explosivos es una trama prendida con alfileres, a punto de volar en pedazos.
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