La Fundación Arcadia, dirigida por su CEO y cofundador Robert Carmona-Borjas —víctima reconocida en la Situación Venezuela I ante la Corte Penal Internacional (Referencia de Víctima r/21840/23) y representante legal registrado de víctimas (Referencia ONG VPRS-A-2023-092)— hizo pública una carta de severo contenido oficialmente remitida al vicefiscal de la CPI, Mame Mandiaye Niang. La misiva responde de forma directa a la declaración oficial emitida el día de ayer por la Fiscalía tras la reunión que el vicefiscal sostuvo en La Haya con quien se presenta como vicepresidenta de Venezuela, un régimen que enfrenta acusaciones formales de crímenes de lesa humanidad ante la propia Corte.
El documento, fechado el 8 de agosto, desmonta con precisión la idea de que sea posible “evaluar progresos” en materia de complementariedad positiva en Venezuela. Carmona-Borjas sostiene que esta noción, concebida para contextos en los que los sistemas judiciales actúan con independencia y voluntad genuina de hacer justicia, es en el caso venezolano una ficción jurídica que no resiste contraste con la realidad: más de dos décadas de sometimiento total del poder judicial al Ejecutivo, un Ministerio Público convertido en instrumento político y una estructura institucional orientada a la persecución de disidentes, no a la sanción de responsables de crímenes internacionales.
La carta sostiene que invocar la complementariedad en estas circunstancias equivale a revestir la impunidad con un ropaje jurídico ficticio, otorgando legitimidad a instituciones cómplices y enviando a las víctimas un mensaje de desaliento. Asimismo, el profesor Robert Carmona-Borjas considera grave que la Fiscalía de la CPI conceda honores y tratamientos protocolarios de “Su Excelencia” a representantes de un régimen acusado de crímenes de lesa humanidad y señalado de haber usurpado, con absoluto descaro, las elecciones presidenciales de julio de 2024, pues ello socava la confianza de las víctimas, erosiona la credibilidad del órgano investigador y proyecta una imagen de indulgencia hacia los perpetradores.
El mensaje a Niang es inequívoco: su deber es con las víctimas y con el mandato esencial que el Estatuto de Roma le da a la Corte, que no es otro que garantizar que la impunidad no prevalezca. Mantener la postura expresada, advierte Carmona-Borjas, podría derivar en solicitudes formales para su remoción por incompetencia o connivencia. La publicación de esta carta busca dejar constancia pública de que, en el caso Venezuela I, no hay atajos diplomáticos ni fórmulas retóricas capaces de sustituir la responsabilidad directa que tiene la Corte Penal Internacional de investigar y acusar a los responsables cuando el Estado no lo hace.
Adjuntamos el comunicado.
Lea el análisis completo en el portal de Arcadia Foundation: https://arcadiafoundation.org/la-complementariedad-positiva-es-inaplicable-en-venezuela-el-poder-judicial-esta-subyugado-a-maduro/
