La Guardia Costera de Estados Unidos detecta y detiene cada año a un gran número de embarcaciones que transportan droga por el Caribe en su papel como la policía mundial antidrogas en altamar.
Por: AP
Ahora, esa misión antinarcóticos podría lucir completamente diferente después de que Estados Unidos lanzó un ataque militar contra una embarcación frente a las costas de Venezuela. Funcionarios del gobierno del presidente Donald Trump aseguraron la semana pasada que miembros del crimen organizado contrabandeaban drogas hacia Estados Unidos.
Washington ha indicado que podrían venir más ataques militares de este tipo, señalando que busca “declarar la guerra” contra los cárteles latinoamericanos a los que acusa de inundar a Estados Unidos con cocaína, fentanilo y otras drogas. Sin embargo, enfrenta crecientes preguntas sobre la legalidad de la operación militar y cualquier escalada de este tipo, lo que trastoca décadas de procedimientos para interceptar embarcaciones sospechosas de transportar drogas.
“Esto realmente complica la enorme inversión que Estados Unidos ha estado haciendo durante décadas para construir una sólida infraestructura legal para arrestar y procesar a presuntos traficantes de drogas”, señaló Kendra McSweeney, geógrafa de la Universidad Estatal de Ohio que ha pasado años investigando la infraestructura legal de las intercepciones de narcóticos por parte de Estados Unidos en altamar.
Autodefensa y una “amenaza inmediata”
Durante una visita a Latinoamérica la semana pasada, el Secretario de Estado Marco Rubio afirmó que los cárteles del narcotráfico “representan una amenaza inmediata para Estados Unidos” y que el presidente Trump “tiene derecho, bajo circunstancias exigentes, a eliminar amenazas inminentes para Estados Unidos”.
Un funcionario federal también mencionó la autodefensa como una justificación legal para el ataque que, según el gobierno, cobró la vida de 11 miembros de la pandilla venezolana Tren de Aragua, la cual ha sido denominada como una organización terrorista extranjera. El funcionario habló bajo condición de anonimato para evitar represalias.
El gobierno federal utilizó un argumento similar hace algunos meses para justificar una intensa campaña de bombardeos contra los hutíes en Yemen. Sin embargo, tras bambalinas, la justificación para los ataques contra los cárteles parece mucho más compleja.
El New York Times informó el mes pasado que Trump firmó una orden que instruye al Pentágono a comenzar a usar fuerza militar contra ciertos cárteles latinoamericanos del narcotráfico. El reporte estaba relacionado con el ataque a la embarcación, según un funcionario federal que habló bajo condición de anonimato a fin de discutir detalles operativos.
Sin detalles del ataque
El vicepresidente JD Vance celebró el ataque durante el fin de semana, dejando entrever que el uso de la fuerza es necesario para proteger a las familias estadounidenses del flagelo de las drogas.
“Matar a miembros de los cárteles que envenenan a nuestros conciudadanos es el mejor uso de nuestro ejército”, dijo Vance en la red social X.
Varios demócratas, e incluso algunos republicanos, criticaron los comentarios de Vance. Líderes en el Congreso también han presionado para obtener más información sobre por qué se tomó una acción militar.
El Pentágono ha permanecido en silencio sobre cualquier detalle del ataque. Oficiales militares no han revelado qué institución lo llevó a cabo, qué tipo de armamento se utilizó o cómo fue que se determinó que la embarcación era operada por el Tren de Aragua o que transportaba drogas.
El Secretario de Defensa Pete Hegseth dijo la semana pasada que “se han designado a organizaciones terroristas extranjeras, tenemos esas facultades, y se trata de mantener a salvo al pueblo estadounidense. No hay razón para que le dé al público o a los adversarios más información que esa”.
Funcionarios del Pentágono no respondieron a preguntas directas sobre la justificación legal para el ataque y si el ejército se consideraba en guerra con el gobierno del presidente venezolano Nicolás Maduro.
Hegseth viajó el lunes a Puerto Rico, donde se desplegaron tropas para un ejercicio de entrenamiento y a donde Estados Unidos enviará 10 aviones de combate F-35 para operaciones contra los cárteles del narcotráfico.
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