Hay momentos en la historia de América Latina en los que el poder parece caminar por un pasillo oscuro, rodeado de retratos que observan en silencio. Los hombres que lo ocupan saben que ese poder no siempre les pertenece; a veces apenas lo administran mientras la historia decide qué hacer con ellos.
Venezuela vive uno de esos momentos.
La captura de Nicolás Maduro en enero de 2026 por fuerzas estadounidenses produjo una escena que habría parecido imposible apenas unos meses antes: el líder del régimen chavista, acusado de narcotráfico y corrupción, detenido y trasladado hacia la justicia estadounidense. Sin embargo, el Estado venezolano no se derrumbó. No hubo vacío de poder ni implosión institucional.
El sistema siguió funcionando.
En Miraflores, Delcy Rodríguez asumió el poder como presidenta interina. Los ministerios continuaron operando, la Fuerza Armada permaneció intacta, el Tribunal Supremo siguió dictando decisiones y la petrolera estatal PDVSA continuó bombeando crudo desde los campos envejecidos del Orinoco.
Ese hecho explica el extraño paisaje político que hoy se observa en Caracas.
Mientras la oposición democrática mantiene la legitimidad electoral surgida del 28 de julio de 2024, el aparato del Estado —ese laberinto de poder construido durante más de dos décadas de chavismomadurismo— permanece bajo control de quienes lo administraban antes de la caída de Maduro.
Es la clásica tensión de las transiciones políticas: legitimidad contra control.
Y esa tensión explica por qué Washington negocia con Miraflores.
No se trata de afinidad política. Se trata de realismo institucional.
La estrategia estadounidense hacia Venezuela parece seguir una lógica clara, dividida en tres etapas: estabilizar el Estado, recuperar la economía y, solo después, abrir el camino hacia una transición política plenamente democrática con las elecciones.
Primero la estabilidad, luego la democracia.
Por eso funcionarios estadounidenses han estado reuniéndose con el gobierno interino venezolano. La última visita a Caracas de un alto funcionario de la administración Trump, el secretario del Interior Doug Burgum, para discutir petróleo y minerales estratégicos fue una señal inequívoca de ese enfoque.
Estados Unidos necesita interlocutores que puedan ejecutar decisiones hoy.
Y hoy el aparato del Estado sigue en manos del sistema que sobrevivió a Maduro.
En ese contexto también se explica la presencia de Diosdado Cabello en reuniones relacionadas con la transición. Durante años, Cabello fue uno de los pilares más duros del chavismo. Su figura simbolizaba el poder del partido, el control sobre sectores de la Fuerza Armada y grupos paramilitares, y la disciplina interna del régimen.
Pero en muchas transiciones ocurre algo similar.
Las estructuras del antiguo poder no desaparecen de inmediato. Permanecen en la fase inicial para evitar un colapso institucional que podría hundir al país en el caos.
Cabello representa hoy, más que una continuidad ideológica, una pieza dentro de la negociación interna del sistema chavista sobre quién controla el Estado después de Maduro.
Delcy Rodríguez, por su parte, encarna un liderazgo inesperado dentro de ese equilibrio.
En las últimas semanas, el presidente número 47 de Estados Unidos, Donald Trump, ha sorprendido a muchos al elogiar públicamente la cooperación del gobierno interino venezolano. Desde Washington se reconoce que Caracas ha tomado medidas que interesan directamente a la Casa Blanca: la liberación de algunos presos políticos, señales de apertura a inversiones energéticas y reformas destinadas a atraer capital hacia el sector minero.
Nada de eso implica necesariamente una legitimación del chavismo.
Implica algo más pragmático: utilizar a quienes controlan el Estado para ejecutar la fase de estabilización.
En el centro de esa ecuación están los recursos estratégicos de Venezuela. El petróleo sigue siendo uno de ellos, pero ya no es el único. Los minerales críticos —necesarios para tecnologías militares, baterías y sistemas energéticos— han adquirido un valor geopolítico enorme en la competencia global entre potencias.
Garantizar acceso a esos recursos es parte del cálculo estratégico estadounidense.
Pero reducir la política de Washington hacia Venezuela a una simple cuestión petrolera sería una simplificación.
Lo que Estados Unidos intenta evitar es el colapso de un Estado con enormes recursos energéticos, ubicado en una región marcada por crisis migratorias y tensiones geopolíticas crecientes.
Sin embargo, esta estrategia abre un dilema político profundo.
Si la estabilización económica avanza sin reformas democráticas reales, la oposición venezolana podría quedar al margen del proceso donde se toman las decisiones.
Y ahí aparece la figura que resume la tensión actual: María Corina Machado.
La premio Nobel de la Paz representa hoy la legitimidad política del cambio en Venezuela. Su liderazgo se consolidó tras la victoria electoral de la oposición en julio de 2024 y se ha convertido en símbolo de una ruptura democrática con el chavismo.
Su anuncio de que regresará al país en las próximas semanas ha introducido una variable impredecible en el delicado equilibrio de la transición.
Desde Miraflores, Delcy Rodríguez ha advertido que Machado podría enfrentar procesos judiciales si vuelve a Venezuela. No es una amenaza casual. Es el reflejo de un sistema donde el poder institucional y la legitimidad política siguen separados.
Control sin legitimidad.
Legitimidad sin control.
Ese es el dilema venezolano.
Detener a Machado tendría consecuencias internacionales inmediatas. Hoy es una figura con reconocimiento global y premio Nobel de la Paz. Su arresto desencadenaría una crisis diplomática y probablemente reactivaría la presión internacional sobre Caracas.
Pero permitirle actuar libremente también implica riesgos para el sistema político heredado del chavismo.
La historia latinoamericana está llena de transiciones donde el antiguo régimen intenta administrar el cambio mientras limita la influencia de los liderazgos más disruptivos.
En ocasiones aparecen figuras moderadas que funcionan como puentes entre el viejo sistema y el nuevo orden político.
Pero la legitimidad política no se fabrica en los despachos diplomáticos ni en los palacios presidenciales.
Se decide en las urnas.
Por eso el llamado “dilema Machado” se ha convertido en la prueba real de la transición venezolana.
Si el sistema permite competir electoralmente a quienes representan el mandato del voto, el país podría estar entrando en la primera fase de una transición democrática más larga.
Pero si el poder intenta excluir a los liderazgos con respaldo popular, la estabilización institucional corre el riesgo de transformarse en algo distinto: una normalización del sistema existente.
Una transición sin legitimidad social.
Y esas transiciones rara vez sobreviven al tiempo.
Mientras tanto, la crisis energética global añade otra capa de complejidad al tablero venezolano. El conflicto entre Estados Unidos e Irán ha vuelto a colocar al mercado petrolero mundial en una situación de incertidumbre. El Estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del petróleo que se comercia en el mundo— se ha convertido en uno de los puntos más frágiles del sistema energético global.
En ese contexto, cada barril disponible fuera de Oriente Medio adquiere un valor estratégico.
Y pocos países tienen tantos barriles potenciales como Venezuela.
Por eso el futuro político del país ya no es solo un asunto venezolano. También es parte del equilibrio energético y geopolítico global.
Pero al final, la pregunta decisiva sigue siendo más simple.
¿Aceptará Delcy someterse al voto?
Porque la historia de esta transición no se decidirá en las reuniones diplomáticas ni en los acuerdos petroleros.
Se decidirá cuando quienes controlan el Estado tutelado y los hermanos Rodríguez acepten competir en elecciones libres con quienes representan la voluntad de los venezolanos.
Antonio de la Cruz
Director ejecutivo de Inter American Trends
