En los tribunales de la justicia estadounidense, se libra una tragedia que recuerda a las que estremecieron la Atenas de Pericles. No hay héroes claros, solo sobrevivientes de una república en ruinas, de una nación saqueada por sus propios hijos. En esta historia, la víctima no es un individuo, sino un país. Y el objeto del deseo —como en las mejores novelas de Balzac— no es una mujer ni un oro escondido, sino una empresa: Citgo Petroleum Corporation.
Citgo, la joya de la corona de los activos venezolanos en el extranjero, está siendo subastada por orden del juez Leonard Stark en el estado de Delaware. La refinería, que puede procesar más de 800.000 barriles de crudo al día, representa no solo un activo estratégico, sino la última frontera económica de una Venezuela que ya ha perdido buena parte de sus bienes en Europa, Asia y América Latina.
Pero lo que se debate en ese tribunal no es solo la propiedad de una empresa. Es el alma jurídica de una nación colapsada, la idea misma de que una compañía puede —y debe— sobrevivir a su Estado fallido, como si fuera un hijo abandonado que, a pesar del maltrato, logra conservar su apellido.
Un remate sin gloria
El proceso judicial se originó hace ocho años, cuando la minera canadiense Crystallex logró que los tribunales estadounidenses responsabilizaran a PDV Holding —la matriz de Citgo— por deudas impagas del Estado venezolano, nacidas de las expropiaciones caprichosas del chavismo. La cifra que reclaman los acreedores supera los 18.900 millones de dólares.
Y aunque varias ofertas han sido presentadas —la más fuerte, de 7.380 millones de dólares, liderada por Gold Reserve junto a Rusoro Mining y Koch Industries— el veredicto aún no ha sido pronunciado. La fecha fatídica es el 18 de agosto. Como en las tragedias griegas, todo apunta a un desenlace inevitable. Y sin embargo, el corazón aún guarda un hilo de esperanza.
El último bastión
Para Venezuela, perder Citgo sería como perder el escudo en plena batalla. La deuda externa supera ya los 150.000 millones de dólares. El país, devastado por décadas de populismo extractivo, apenas conserva activos líquidos en el exterior. Citgo, radicada en Estados Unidos, ha sido protegida desde 2019 por un delicado andamiaje legal tras la imposición de sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro.
Desde entonces, opera como una entidad separada de PDVSA. No procesa crudo venezolano, se ha diversificado y ha tratado de mantener una gestión empresarial profesional. Sin embargo, sus ingresos también han mermado: en 2024 generó apenas 305 millones de dólares de ganancia, frente a los 2.000 millones del año anterior.
La defensa sin pólvora
El gobierno interino venezolano —reconocido en su momento por Donald Trump— asumió la defensa de Citgo no con tanques ni misiles, sino con abogados. Se financiaron bufetes de prestigio, se activó el cabildeo en Washington, se solicitó la protección del Departamento del Tesoro. Todo en nombre de un principio: Citgo no es el Estado venezolano. No debe responder por los pecados de un régimen ilegítimo.
Pero el tiempo no está del lado de los débiles. El régimen de Maduro, mientras tanto, se limita a denunciar la subasta como un «robo imperialista», sin aportar soluciones ni asumir responsabilidades por las expropiaciones que originaron este desastre.
Un activo, muchas heridas
La paradoja jurídica es insalvable. Aunque Citgo ha sido valorada entre 11.000 y 13.000 millones de dólares, los reclamos suman casi 19.000 millones. Es decir, no hay para todos. Y en medio del festín legal, aparecen nuevos actores: ConocoPhillips exige 12.000 millones, otros litigantes han sido rechazados, algunos se han retirado, otros —como buitres heridos— siguen rondando en busca de justicia o botín.
La Corte de Delaware carga con una decisión imposible: cómo compensar sin destruir, cómo preservar la autonomía corporativa sin blindar la impunidad estatal, cómo evitar que un fallo judicial se convierta en una crisis diplomática que llegue hasta el Congreso estadounidense.
El acto final
La oposición democrática busca que la Corte de Delaware no considere a Citgo como el “alter ego” del Estado. Tiene a su favor el reciente fallo de Nueva York, que rechazó esa equivalencia. Pero sabe que la balanza puede inclinarse por un solo tecnicismo. Si gana, se preservará no solo una empresa, sino un principio: que las instituciones, incluso las corporativas, pueden sobrevivir al naufragio político.
Pero si pierde, Citgo se convertirá en el trofeo judicial más simbólico de esta guerra económica silenciosa que ha dejado a Venezuela sin reservas, sin crédito y sin orgullo.
Citgo, entonces, no es solo una empresa. Es el espejo donde se reflejan las consecuencias de la irresponsabilidad, la corrupción y el desprecio por la legalidad. Y mientras los jueces deliberan, mientras los acreedores afilan sus lápices y los venezolanos rezan, la historia espera.
Porque el telón aún no ha caído. Y el próximo acto puede sellar el destino de una nación que un día creyó que el petróleo era eterno.
