El incremento en el precio del dólar con respecto al bolívar, que a diario publica el Banco Central de Venezuela, afecta a todos los venezolanos que constantemente ven como se encarecen hasta los bienes esenciales y los servicios más básicos. Ese mismo aumento también perjudica al Presupuesto de la Nación 2025 que en lo que va de año se ha reducido en más de la mitad, según el más reciente informe de Transparencia Venezuela en el exilio.
En su Análisis del Presupuesto de la Nación 2025, la organización recuerda que el proyecto de Ley de Presupuesto que presentó el gobierno nacional para este año fue de 906.459 millones de bolívares, lo cual equivalía a 18.911 millones de dólares, según la tasa de cambio que estaba vigente el 3 de diciembre de 2024 (Bs. 47,7293 por dólar), cuando la Asamblea Nacional aprobó el instrumento. Visto en dólares, el presupuesto de 2025 decreció 7,27% respecto al aprobado para el ejercicio fiscal 2024.
Pero no ha transcurrido el primer semestre del año y el presupuesto de la Nación sigue perdiendo valor. Al 3 de junio de 2025 el Presupuesto de Venezuela equivale a menos de la mitad de su monto original, es decir unos 9.315 millones de dólares, según la tasa oficial del BCV. Este monto del presupuesto también se traduce en unos 333 dólares por persona, usando como referencia la estimación de 28 millones de habitantes.
Pese a que la Ley de Presupuesto 2025 no ha sido publicada por el gobierno nacional, en violación a la Constitución, la Ley Contra la Corrupción y el principio de transparencia que aparece en todas las normas sobre la administración pública, Transparencia Venezuela en el exilio obtuvo el documento de manera extraoficial y elaboró el análisis en el que se muestra la distribución mermada, arbitraria y discrecional de los recursos.
Aunque la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, aseguró en diciembre de 2024 que el presupuesto de la Nación está orientado a la inversión social, la revisión de las asignaciones en salud, educación y seguridad social evidencian lo contrario.
¿Cómo se distribuyó el gasto?
En el presupuesto de Venezuela de 2025 se le asignó al sector salud 4,24% del monto total aprobado, es decir, 38.702 millones de bolívares. Descontando el efecto de la inflación anunciada por el mandatario Nicolás Maduro, hubo un recorte de 28,03% respecto a lo aprobado en 2024, que ya había tenido una reducción de 31,27% respecto a 2023.
Los médicos dependientes del Ministerio de Salud cuentan con una asignación para sueldos, salarios y compensaciones de 157 millones de bolívares, en promedio 7.665 bolívares anuales, que en junio representan 78,6 dólares al tipo de cambio oficial. El presupuesto también reconoce la pérdida de profesionales que ha sido denunciada por diversas organizaciones: indica que hubo una reducción de 623 médicos respecto a 2024.
En relación con la educación, el monto asignado en el presupuesto 2025 decreció en términos reales tanto para la educación inicial, básica y diversificada (16,3%) como para la educación universitaria (17,8%). Para el pago de nómina de los docentes se asignó 2.522 millones de bolívares, en promedio son 5.379 bolívares anuales por docente, equivalentes a 55,2 dólares en junio.
En el Ministerio de Educación Universitaria, el Servicio Autónomo de Oficinas Técnicas del Consejo Nacional de Universidades se queda con la mayor porción del presupuesto (25%), más dinero que el que gestionan en conjunto las cinco universidades autónomas del país (23%).
Dos muestras del desprecio por la educación quedan registradas en la Ley de Presupuesto 2025. Por un lado, al Programa de Alimentación Escolar (PAE) que estima atender poco más de 5 millones de estudiantes con un sustento alimenticio a través de las casas de estudio, le asignaron 763,5 millones de bolívares, lo que significa una asignación anual por estudiante de 148 bolívares, menos de 2 dólares. Por otro lado, el salario de un profesor universitario del más alto escalafón con dedicación exclusiva es de 522,16 bolívares o 5,35 dólares.
En relación con la seguridad social, el presupuesto 2025 para las instituciones dedicadas a este tema fue estimado en 20.396 millones de bolívares, un monto similar al aprobado en el presupuesto del año 2024, lo que significa una reducción drástica en dólares. De este monto, se estima que 12.716 millones de bolívares corresponden a beneficios de la seguridad social.
El 8 de mayo de 2024 se publicó en Gaceta Oficial la Ley de Protección de las Pensiones de Seguridad Social, que creó una “contribución especial” obligatoria para las instituciones jurídicas de carácter privado con el objetivo de proteger las pensiones. Sin embargo, los pensionados y jubilados siguen recibiendo 130 bolívares de pensión y deben inscribirse en el Sistema Patria para poder obtener los bonos que aprueba el Estado. Al igual que ocurre con todas las contribuciones especiales no hay información en el presupuesto sobre cuánto representa esta nueva carga fiscal en términos monetarios o porcentuales ni sobre su destino.
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