La historia demuestra que las reformas económicas no son, por sí solas, sinónimo de libertad ni de justicia. Pueden ser herramientas de prosperidad o, en manos equivocadas, simples disfraces de continuidad autoritaria. La China de Deng Xiaoping entendió esto desde un pragmatismo frío: abrir la economía sin abrir el sistema político. Ese modelo produjo crecimiento, sí, pero también consolidó un poder férreamente centralizado. Pretender trasladar esa fórmula a la Venezuela del siglo XXI es no solo un error histórico, sino un riesgo existencial para la República.
Tras los acontecimientos del 3 de enero y la salida de Nicolás Maduro, la tutela internacional encabezada por la administración de Donald Trump ha impuesto reformas urgentes en sectores clave: petróleo, banca, seguridad y liberación de presos políticos. Sin embargo, el control político y militar interno permanece en manos de los hermanos Rodríguez, con Delcy Rodríguez como presidenta interina y Jorge Rodríguez al frente de la Asamblea Nacional.
La legitimidad de este control es nula. El rechazo ciudadano dentro y fuera del país supera ampliamente cualquier umbral aceptable en una democracia. Los hermanos Rodríguez encarnan la continuidad de un Estado fallido: control de cuerpos represivos, captura de instituciones, opacidad financiera, manipulación electoral y una maquinaria comunicacional diseñada para confundir, intimidar y dividir. No se trata solo de poder; se trata de método. La propaganda como sustituto de la verdad, el marketing político como reemplazo del mandato popular.
Aquí emerge la comparación con Deng Xiaoping, y también su límite. China emprendió reformas desde un Estado funcional, con territorio controlado, disciplina administrativa y una visión nacional coherente cuestionable en lo político, pero consistente en lo estatal. Venezuela, en cambio, enfrenta un Estado criminalizado, con fragmentación territorial, economías ilícitas, instituciones capturadas y alianzas opacas con actores externos. No hay punto de partida comparable. Imitar el “No importa de qué color es el gato, lo que importa es que cace ratones”sin Estado de derecho es permitir que el gato se coma a la República.
El riesgo es claro: una recuperación económica previa a la justicia y a la reconstrucción institucional puede consolidar a las mismas minorías en el poder. Subsidios, burocracia ampliada, emprendimiento condicionado y apertura selectiva a la inversión pueden convertirse en instrumentos para recomponer una base política cautiva. La historia latinoamericana lo confirma: cuando el estómago se llena sin que la ley gobierne, la memoria se anestesia.
Por eso, el camino es inequívoco. Venezuela necesita elecciones generales a más tardar en el tercer trimestre de 2026. Antes, una reforma profunda del sistema electoral: reestructurar el CNE en meses, depurar y actualizar el registro, censar a la diáspora con tecnología moderna, habilitar consulados digitales y mecanismos de voto confiables incluida la votación remota auditada. Sin ese paso, cualquier reforma económica será rehén del discurso y no del derecho.
Asimismo, es indispensable un puente de plata: salida del país para quienes han capturado el Estado y sus aparatos coercitivos. No es venganza; es descompresión institucional. Luego, con un gobierno legítimo, activar comisiones del Congreso y del Senado para la recuperación de capitales, la rendición de cuentas y la justicia que el pueblo reclama.
Venezuela, aliada natural de Estados Unidos y del continente americano, no puede aceptar un simulacro de cambio “a la china” que preserve estructuras socialistas recicladas ni permitir que redes externas se mimeticen bajo reformas económicas. Lo que se requiere es un Plan Marshall tutelado para Venezuela, con horizonte de Estado a 50 años: reconstrucción institucional, seguridad jurídica, independencia de poderes, economía abierta y competencia real.
Estados Unidos tiene el poder y la responsabilidad hemisférica de acompañar esta transición de fondo. No para imponer un modelo, sino para garantizar reglas. Si Venezuela logra reconstruir un Estado de derecho sólido, no solo sanará una nación: ofrecerá un ejemplo para el continente y, quizá, para el mundo. El crecimiento sin libertad es un espejismo; la prosperidad con justicia es la única salida duradera.
