La ONG Acceso a la Justicia advirtió que la Ley de Amnistía aprobada por la Asamblea Nacional, es insuficiente para garantizar la libertad plena de todos los presos políticos en el país.
Aunque la normativa fue presentada como un instrumento para “reparar y mirar hacia el futuro”, y recibió el respaldo de Delcy Rodríguez, el análisis de la organización identifica al menos cuatro razones que generan preocupación sobre su verdadero alcance.
En primer lugar, la ley es señalada como excluyente y selectiva. Aunque amplía los hechos cubiertos —incluyendo sucesos políticos entre 2019 y 2023— deja fuera delitos como la rebelión militar, lo que impacta directamente a un número importante de detenidos, entre ellos militares.
Según datos de Foro Penal, de los 644 presos políticos registrados hasta el 9 de febrero, 185 eran militares. Además, el texto excluye a quienes estén vinculados con acciones armadas o consideradas contra la soberanía, lo que reduce el universo de potenciales beneficiarios.
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En segundo término, Acceso a la Justicia cuestiona el carácter discrecional de la norma. El artículo 9 amplía las excepciones más allá de lo previsto en el artículo 29 de la Constitución, al dejar por fuera delitos como homicidio intencional, tráfico de drogas y corrupción.
Asimismo, impone condiciones adicionales, como el cese de los hechos objeto de amnistía, lo que podría permitir interpretaciones amplias por parte de las autoridades. A esto se suman dudas sobre el procedimiento judicial, los plazos de 15 días para decidir las solicitudes y la capacidad real de los tribunales para tramitar miles de casos sin la creación de instancias especiales.
La ONG alerta sobre temas ignorados por la ley, como la falta de mecanismos de reparación para víctimas de violaciones de derechos humanos y la exclusión de las inhabilitaciones políticas dictadas por la Contraloría. Tampoco se prevé el reconocimiento de responsabilidad del Estado ni garantías de no repetición.
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Aunque la normativa representa un avance para decenas de detenidos, Acceso a la Justicia sostiene que no cumple con el objetivo de lograr la libertad plena de todos los presos políticos ni de cerrar definitivamente las heridas derivadas de la persecución por motivos políticos en Venezuela.
