En la segunda discusión del proyecto de Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática se quiere incluir un artículo que exige para quien se considere como su posible beneficiario, el “ponerse a derecho” como requisito previo. Esto significa que la persona presuntamente beneficiaria de la amnistía debe presentarse ante un tribunal penal y solicitarla.
Así, en el caso de una persona que viva en el exterior y tenga una orden de captura por motivos políticos, esta debería regresar al país, ser detenida, para luego solicitar la amnistía. Esta modificación parece ser una respuesta a las propuestas de la sociedad civil y las víctimas que exigieron que la aplicación de la amnistía no sólo la pudiera solicitar su beneficiario o el Ministerio Público, sino también, su defensor, familiares o las propias ONG.
Aparentemente este requerimiento se ha incorporado, pero como respuesta aparece otro nuevo requisito, que en la práctica lo anula: el “ponerse a derecho”. Sin embargo, como dicha norma aún no se ha aprobado, consideramos importante señalar algunas de las razones por las que esa nueva exigencia no debe ser incorporada, sobre todo para que se logre el objetivo de la ley como se explica en este documento.
