Analizando los últimos 80 años de historia de la salud en Venezuela, es innegable que el sistema ha estado en constante crisis. Desde su concepción asistencialista y enfocada en la sanidad pública, hasta las actuales acciones gubernamentales, la inestabilidad ha sido el común denominador, con algunos lapsos de excepción.
La raíz de esta problemática radica en la ausencia de elementos diferenciadores clave, que deberían estructurar el sistema desde su cúspide legal hasta los procesos operativos internos. Entre estos elementos críticos se encuentran: fuentes de recursos definidas y estables, un marco jurídico claro y aplicable, entidades administradoras eficientes, presupuestos que proyecten necesidades de insumos y personal, planes de mantenimiento preventivo y predictivo, claridad en el rol y la capacidad de las instituciones públicas y privadas prestadoras de los servicios, indicadores de eficiencia y desempeño.
El futuro de la salud en Venezuela exige una estrategia transformadora. Se propone la creación de un Ministerio de Salud compacto pero robusto, capaz de ejercer plenamente sus funciones rectoras. Esta institución debe enfocarse en la organización y supervisión de dependencias reguladoras, no en la administración directa de servicios.
Esos servicios son los que se prestan desde cada uno de los subsistemas reguladores. Estos serían esenciales para un sistema de salud funcional y son los siguientes: atención médica, calidad de desempeño, capacitación, identificación e historia de los pacientes, estabilidad de los niveles de contribución, salud preventiva, profiláctica y adicción, cobertura de medicamentos y dispositivos médicos, vigilancia, epidemiología, investigación y control de enfermedades, rehabilitación y pensiones.
Un pilar fundamental para este nuevo sistema sería una administración desvinculada del gobierno y sus órganos ejecutivos, limitando la intervención estatal a la contraloría como parte de un equipo auditor externo. Esta entidad administradora sería responsable de diseñar y/o recomendar, políticas públicas de contribución, ahorro, gastos, inversiones, contabilidad y planificación.
La autonomía garantiza que los recursos destinados a la salud sean controlados abierta y rigurosamente, con una rendición de cuentas estricta y auditorías transparentes. El objetivo es disuadir la malversación y el uso distinto a lo previsto, por parte de individuos u organizaciones, de estos fondos estratégicos.
Un elemento crucial para la modernización, es la transformación digital. Esta debe impulsar, con el apoyo de la Inteligencia Artificial, la creación de historias médicas en red y una cobertura farmacológica eficiente. Este subsistema sería clave para asegurar la satisfacción de la demanda real de medicamentos, promoviendo su uso racional y una adquisición coherente.
Tácticamente, el nuevo sistema de salud debe construirse desde un enfoque basado en la demanda real de la población. Para garantizar su efectividad, se implementa el principio de «checkpoint», un mecanismo de evaluación de programas y servicios de salud. Esto implica una evaluación constante de cómo se están implementando y funcionando los programas y servicios, tanto a nivel de procesos individuales como en el marco de políticas más amplias.
Para un país fundamentado en el respeto a la vida, el orden jurídico y la igualdad ante la ley, es imperativo que el sector salud se alinee con estos pilares. Esto exige un nuevo marco legal en salud, partiendo de modificaciones profundas en la constitución; luego con la ley orgánica para la creación del sistema de salud con cobertura universal, ley sobre impuestos para el sistema de salud, deducciones y contribuciones para la cobertura universal, entre otras.
No es una exageración, ni un afán alarmista, afirmar que cualquier acción dentro del modelo de salud actual sería ineficaz.
La esencia de este cambio de doctrina es garantizar que las instituciones que rigen, controlan, regulan y ejecutan los servicios de salud no puedan ser utilizadas para beneficiar a particulares, partidos políticos u otras instancias del gobierno. Se busca prohibir la negociación de cargos, el uso indebido de insumos (como medicamentos) y el tráfico de influencias, asegurando que el sistema funcione exclusivamente para su propósito acordado.
@abrahamsequeda
