Con los acontecimientos que marcaron el inicio del año, cabe hacer las siguientes preguntas: ¿podemos definir con precisión cuál era el problema? Y dependiendo de la respuesta, ¿es posible afirmar que se ha solucionado?
La existencia de una ciudadanía real (vinculada activamente a la vida nacional conforme y sus preceptos), no solo habría evitado el descalabro del país, sino que al día de hoy tendríamos suficiente capacidad de llevar a un nivel aceptable la institucionalidad del país con relativa holgura. Pero no fue así. Intencionado o no, la población se volcó a una vorágine de supervivencia que, en muchos casos, supuso cruzar la línea de la legalidad.
Ni democracia representativa ni participativa-protagónica (ambas metodologías de relevo, auto regulación y definición del modelo de sociedad), pudieron contener la emergencia y consolidación de una estructura de poder de conducta deleznable, con prácticas execrables y de una singularidad alarmante.
Por esa razón (y aunque esto trasciende el alcance de la presente reflexión), sociólogos y antropólogos deberán dejar claro las causas. ¿Fue acaso esta estructura en franco desmantelamiento, producto de la inexistencia de esa ciudadanía? ¿O fueron los constructores de esta barbarie quienes edificaron una sociedad fragmentada y débil, con vacíos en las normas básicas de convivencia, orden, y ausencia de orientación a logros personales y republicanos?
Los actores en el terreno político, institucional, económico y académico, estaban en plena sintonía: una línea bien pronunciada establecía solo la oportunidad a las mismas figuras. Personajes resistentes a cualquier crítica, remoción o juicio; una cofradía de sujetos que iban rotando de un nivel a otro, de una función a otra, sin la existencia de una conciencia de que ya no contaban con la aceptación ni las credenciales para ocupar dichos lugares.
Al final, la estrategia fue apostar al impedimento, al saboteo y a la negligencia programada. El objetivo: aniquilar las exigencias, inquietudes y aspiraciones de una población que permanece expectante e inerme.
El hecho concreto es que se debe consolidar la construcción y mantenimiento del orden cívico y jurídico. Ninguna autoridad puede actuar de acuerdo con sus propios designios o caprichos; el funcionario está tan atado a la Ley como todos los demás. De lo contrario, ¿para qué existiría la norma? ¿Quién dirige, quién regula, quién ejecuta y quién sanciona?
Para entender esta debacle, basta escuchar a “dirigentes políticos” y “empresarios” hablar solo de temas superfluos. Busquen en sus entrevistas o discursos una sola propuesta seria sobre el sistema educativo, gestión municipal, vialidad o seguridad fronteriza: no hay nada. ¿Acaso no acabamos de terminar la prueba más emblemática de la historia venezolana, marcada por el dispendio, la corrupción estructural y el derroche de cuantiosos caudales de la industria petrolera? ¿A dónde fue a parar todo eso? ¿Pudo de alguna manera consolidar la institucionalidad o fue, en sí mismo, un castigo?
Aquellos que, agotados sus créditos y privilegios, decidieron ignorar las carencias y propiciar el desmantelamiento de la República, deben hacerse a un lado. Tenemos que construir el país nuevamente, y esta tarea ya ha comenzado.
Por: ABRAHAM SEQUEDA @abrahamsequeda
