Abogados de un solicitante de asilo venezolano de 20 años que fue deportado por error a principios de este año pedirán en los próximos días a una jueza federal que considere abrir procedimientos por desacato penal contra el Gobierno de Trump por “violaciones graves” de sus órdenes.
Por CNN
Los posibles procedimientos abrirían un nuevo frente importante en la prolongada saga legal que rodea al hombre, identificado solo como “Cristian” en los documentos judiciales, quien fue deportado a la megaprisión Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot) en El Salvador a mediados de marzo bajo la Ley de Enemigos Extranjeros, una amplia autoridad de tiempos de guerra del siglo XVIII que el presidente Donald Trump invocó para acelerar la expulsión de migrantes que su Gobierno afirmaba eran miembros de la banda venezolana Tren de Aragua.
La semana pasada, fue enviado de regreso a su país de origen como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela.
La jueza federal Stephanie Gallagher, del tribunal federal en Baltimore, determinó a principios de este año que la deportación de Cristian violó un acuerdo judicial que protege a algunos jóvenes migrantes con solicitudes de asilo pendientes y ordenó a los funcionarios “facilitar” su regreso a Estados Unidos para que pueda resolver su solicitud de asilo. El gobierno hizo poco para cumplir con su directiva y el caso pasó en gran medida desapercibido en los últimos meses.
Pero la semana pasada, Cristian estuvo entre un grupo de unos 250 venezolanos que habían estado encarcelados en la prisión Cecot de El Salvador y que fueron enviados de regreso a su país a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses.
“Él fue una pieza en este acuerdo de intercambio de prisioneros”, dijo el abogado de Cristian, Kevin DeJong, durante una audiencia el martes en el caso. “Tomaron medidas activas y deliberadas para deportarlo al país en el que realmente teme ser perseguido”.
El abogado le dijo a la jueza que “dada la historia de violaciones aquí, el desacato penal debería estar sobre la mesa”.
“Ha habido violaciones recurrentes y un desprecio flagrante por el acuerdo, por las órdenes del tribunal”, dijo DeJong. “Alguien debe rendir cuentas por estas violaciones graves”.
Dijo que presentarían una solicitud para que la jueza considere abrir procedimientos por desacato penal en los próximos 10 días.
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