Los abogados de Kilmar Ábrego García, el migrante deportado por un «error administrativo» de EE.UU. a una megaprisión en El Salvador, acusaron este viernes al Gobierno de estar cometiendo un «abuso de poder» y rechazaron las cargos que la Fiscalía presentó hoy en su contra.
El caso ha sumido al Gobierno en una batalla con el poder judicial, que expertos han calificado como una «crisis constitucional», luego de que las autoridades se negaran a traerlo de vuelta a EE.UU. a pesar de las órdenes emitidas por el Supremo y tribunales de primera instancia.
El Departamento de Justicia informó esta tarde de que Ábrego se encuentra ya de vuelta en el país, a la vez que revelaron una acusación en su contra por transporte de migrantes indocumentados dentro de EE.UU..
Los abogados que han defendido a García durante este periodo tildaron esas acusaciones de «infundadas» en una rueda de prensa.
A su vez, criticaron a la Administración de Trump por haberse negado a traer a «facilitar» el retorno de Ábrego, tal y como determinó el Supremo el pasado abril.
«Lo que sucedió hoy fue un abuso de poder y todo lo opuesto al debido proceso», indicó este viernes el letrado Simón Sandoval-Moshenberg. «El debido proceso implica tener la oportunidad de defenderse antes de ser castigado, no después».
La acusación contra Ábrego fue presentada por un gran jurado en Tennessee ante un tribunal en Nashville y lo señala de haber conspirado para transportar a migrantes indocumentados desde Texas hasta Maryland y otros estados del país.
Ábrego tenía un estatus legal en EE.UU. que lo protegía de la deportación cuando fue detenido por autoridades migratorias y posteriormente enviado hacia una cárcel de máxima seguridad en su natal El Salvador el pasado marzo.
Su retorno llega después de que la Casa Blanca negara tener la potestad de devolver al hombre al país a pesar de que tanto el Supremo como tribunales en menor instancia ordenaran al Gobierno facilitar su vuelta.
El abogado de Ábrego indicó que las autoridades no le avisaron ni a él ni a la familia con anterioridad de sus planes para retornar al salvadoreño y recalcó que espera que dé su testimonio sobre las condiciones del CECOT, la megacárcel donde pasó las primeras semanas en El Salvador antes de ser trasladado a otra prisión.
Ábrego García residía en Maryland desde hace más de una década y huyó de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.
Su caso consiguió notoriedad entre los opositores al Gobierno de Trump y grupos en defensa de los derechos humanos y se convirtió en un ejemplo de los «abusos» por parte de la Administración republicana a migrantes en medio de su campaña de deportaciones masivas.
En respuesta, el Ejecutivo ha emprendió una campaña mediática para vincularlo con la pandilla MS-13, a pesar de que no había sido acusado -hasta ahora- de ningún delito en Estados Unidos. EFE
